Eso de que habrá clases presenciales a partir del 30 de agosto “llueva, truene o relampagueé’’, está en veremos.

Porque una cosa es que el Gobierno obligue a abrir todas las escuelas desde preescolar hasta preparatoria y otra muy distinta que los padres envíen a sus hijos a las aulas.

De acuerdo con la SEP, ningún padre de familia está obligado a enviar a sus hijos a las escuelas si cree que corre riesgo de contagio.

La única forma de presionar a los padres a enviar a sus hijos a las clases presenciales sería cancelar el programa “Escuela en Casa’’, algo que no está a discusión en este momento.

A menos que, claro, alguna mente luminosa en el Gobierno lo proponga con todos los riesgos sociales que ello implica.

Está bien que el presidente López Obrador se interese en la salud mental de los niños, pero los argumentos que esgrime a favor de la reapertura de las escuelas son cuestionables.

Por ejemplo, el mandatario asegura que son necesarias las clases presenciales porque los niños y jóvenes ven mucho internet, pero el regreso a las aulas de ninguna manera garantiza que dejarán de hacerlo.

A menos que los padres les quiten todos los gadgets electrónicos y les desconecten el servicio, cosa que no va a ocurrir.

Respecto de la convivencia, que fue uno de los argumentos para abrir las escuelas en Campeche a principio de año, el experimento duró ¡tres días! porque ni las protecciones escolares, la distancia entre pupitres, el gel, el recreo escalonado, evitó los contagios entre estudiantes y maestros.

Habrá quien diga que en ese tiempo el porcentaje de vacunación era ínfimo, lo cual es cierto, pero en este momento la población que no tiene vacunas es precisamente la que López Obrador quiere llevar a las aulas, es decir, el segmento de mexicanos entre los 4 y los 18 años.

¿Podría esperar el Gobierno un semestre y mejorar el programa “Escuela en Casa’’ antes de decidirse por una aventura que a todas luces pinta mal?

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Si usted ha regresado de un viaje al extranjero, habrá constatado que en ningún aeropuerto del país existe un protocolo preventivo para los visitantes foráneos.

El Gobierno mexicano no les exige, como hacen en casi todo el mundo, una prueba negativa de Covid antes de abordar un vuelo con destino a nuestro país.

Y lo peor es que, una vez en los aeropuertos nacionales, no se les pide el uso de cubrebocas ni que mantengan una distancia razonable.

Esto más que ser una política de puertas abiertas, es otra muestra de las fallas en la estrategia para contener el incremento de contagios que amenaza con saturar los hospitales nuevamente.

¿De quién es la responsabilidad de exigir a los extranjeros cumplir las reglas que otros gobiernos le imponen a los mexicanos?

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El INE consideró que Morena estaba en su derecho de promover el lavado de manos, perdón, la consulta para saber si el Gobierno debe o no aplicar la ley a los expresidentes mexicanos.

Muy su derecho.

claro es quién financia las puestas en escena de los expresidentes caminando con trajes de cebra y sobre todo, quién o quiénes son los que pagan la campaña de impresos que se puede ver en una parte de la ciudad, sobre todo en las alcaldías ganadas por Morena.

Si es el partido, el gasto tendrá que reportarse al INE; y si no, pues habrá que investigar quién es el ofrecido que decidió poner la millonada que se necesita para una campaña de ese tamaño.

LEG