El fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, señaló que para consolidar la democracia en México es necesario respetar el fuero de sus homólogos estatales, lo anterior lo manifestó luego de que se busca aprobar un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados para resolver desechando el procedimiento de declaratoria de procedencia en su contra.
Destacó que de desecharse el desafuero solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR), se violaría la suspensión otorgada a su favor, lo cual constituye un delito en términos de lo dispuesto por el artículo 262 de la Ley de Amparo.
Carmona Gándara recordó que el 21 de julio del año en curso, presentó una promoción ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, solicitando se llame a todas las y los fiscales estatales de la República como terceros interesados a juicio, a fin de que tengan conocimiento que la Cámara de Diputados pretende resolver que ningún titular de una fiscalía estatal como organismo autónomo, goza de la protección constitucional señalada en el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución federal.
“Se sentaría un precedente que además de inconstitucional, violentaría la autonomía de las instituciones de procuración de justicia de las entidades federativas, violando incluso la soberanía de los Estados”.
El artículo 111 de nuestra Carta Magna señala que los miembros de los organismos constitucionales autónomos locales, tales como las fiscalías locales, cuentan con fuero constitucional, debiendo agotar el procedimiento de desafuero primero en la Cámara de Diputados federal y posteriormente en la legislatura estatal.
“Es importante ser reiterativo en el sentido de que el precedente que pretende establecer la Sección Instructora, dejaría automáticamente sin fuero a todos los miembros y titulares de todos los organismos constitucionales autónomos del país, incluidas todas las fiscalías autónomas locales, lo cual vulneraría la propia naturaleza de los mismos, dejándolos a merced de la autoridad ministerial federal, como instrumento de presión política. Lo anterior, en razón de que el fuero constitucional no lo ostento en mi calidad de Fiscal General, sino en mi carácter de titular de un organismo constitucional.”
Por último, comentó que “este es un tema que no solamente puede atropellar mis derechos fundamentales, sino que puede sentar un precedente gravísimo contra la autonomía de organismos locales”. “Es por ello que hice un llamado por medio de la autoridad judicial federal a todas las fiscalías locales”, finalizó.
CT