El método analítico de expertos en seguridad se está quedando en la superficie de los conflictos. En Estados Unidos existe un modelo de ataque a las bandas del crimen organizado basado en la provocación de enfrentamientos entre los grupos para propiciar su debilitamiento.
La guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y bandas menores está obligando a los capos a desgastar recursos, personal, visibilidad e información y está creando las condiciones para alguna intervención drástica del aparato de seguridad del Estado.
En términos de estrategia, la capacidad de fuerza, económica y de movilización de personal armado está obligando a los cárteles a quemar recursos y mostrar que en los hechos su capacidad de fuerza es menor a lo que dicen sus videos de propaganda.
No está claro si la contención operativa de las fuerzas de seguridad obedece a una estrategia de estimulación de la guerra entre cárteles para debilitarlos entre ellos, pero el escenario pragmático está mostrando ya un deterioro en el CJNG y está obligando al Cártel del Chapo a entrar en una guerra que no quiere.
La conquista de nuevos territorios criminales no garantiza un asentamiento formal permanente de las bandas criminales, porque carecen de cuadros administrativos, financieros y políticos para construir una gobernanza institucional no conflictiva. La movilización de personal para la guerra obliga a los cárteles a usar fondos para financiar contratación de combatientes, personal logístico y sobre todo armas, sin que existan datos de crecimiento de sus ingresos criminales.
La logística de la guerra entre cárteles podría ser el principio del desgaste de los grupos criminales y facilitaría la acción del Estado.
Zona Zero
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A pesar de los datos de aumento de la violencia y la inseguridad la última encuesta del INEGI reveló que la percepción social de la inseguridad a nivel nacional en junio fue de 66.6%, hasta ahora la más baja después del pico de 76.8 de marzo de 2018. Este dato podría mostrar el estado de ánimo social que tiene la inseguridad como problema el número uno, pero su percepción es menor a la que existía desde 2013. La prioridad social es el Covid y la crisis de empleo.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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