Elementos de la SSC detuvieron a presunto ladrón en la colonia Centro
Foto: Pixabay La OMCT recomienda a las autoridades adoptar medidas para el reconocimiento, protección, acceso a la justicia y reparación integral de las víctimas de tortura  

En México, los actos de tortura se agravaron durante 2020 debido a la emergencia sanitaria, reveló un estudio realizado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

En el informe “México: Agudización de la tortura en tiempos de pandemia”, presentado en Ginebra, Suiza, la OMCT detalló que en los primeros 18 meses del actual sexenio la Fiscalía General de la República (FGR) recibió 522 denuncias en contra de agentes federales por posibles actos de tortura que, sumadas a las ya existentes de años anteriores, elevaron la cifra de casos abiertos a más de mil 259, de las cuales sólo tres fueron enviadas ante un juez y apenas se obtuvo una sentencia condenatoria.

Asimismo, detallaron que también hubo un incremento en las violaciones a los derechos humanos cometidas contra personas y colectivos en situación de vulnerabilidad, entre ellos la población carcelaria, donde al 11 de julio de 2021 se registraron tres mil 456 casos de contagio de Covid-19. Cabe señalar que México ocupa el cuarto sitio a nivel mundial en cuanto a muertes causadas por el virus.

De igual forma, se recibió información sobre violaciones recurrentes a los derechos humanos en contextos de movilidad como: desplazamiento forzado que puede conllevar vulneraciones al derecho a no sufrir tortura y otros malos tratos, falta sistemática de atención de las necesidades básicas de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Además, señala el informe, se observó un recrudecimiento de la represión y el actuar abusivo de fuerzas de seguridad en el marco del cumplimiento de restricciones vinculadas a la pandemia (toque de queda, uso obligatorio de cubrebocas, limitaciones a la circulación, entre otras), así como en el contexto de acciones de protesta en diversas regiones del país.

Por lo anterior, la OMCT recomienda a las autoridades adoptar medidas para el reconocimiento, protección, acceso a la justicia y reparación integral de las víctimas de tortura, fortaleciendo con recursos técnicos y económicos los mecanismos e instituciones existentes.

LEG