La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, de la FGR, una denuncia -la sexta- en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, 11 personas físicas, así como 33 personas morales por probable desvío de tres mil millones de pesos.
La denuncia es por los supuestos delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos. Entre las compañías se encuentran Asociados del Noreste, Pesado Transport, Construcciones Industriales Tapia y Grupo Constructor Tulancingo.
La UIF identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex de 2012 a 2016 por medio de contratos otorgados a empresas relacionadas con la brasileña Odebrecht por millonarias cantidades que se integraron en tres niveles de operación para favorecer a servidores públicos y posiblemente financiar campañas políticas.
En el primer grupo de operaciones, las compañías fueron las receptoras de los recursos públicos erogados por Pemex y organismos gubernamentales de forma injustificada, destacando que estas guardan relación directa con Odebrecht, por medio de diversos vínculos corporativos y financieros.
Entre las que destaca una empresa de Odebrecht, la cual durante la administración del exservidor público registró, de 2014 al 2016, transferencias por más de tres mil millones de pesos supuestamente por concepto de pagos por la prestación del servicio de “construcción” a favor del gobierno federal; sin embargo, dichos servicios no fueron realizados, por lo que posiblemente fue parte de la mecánica de las operaciones.
En el segundo grupo de la operación, las empresas recibieron recursos del primer grupo y se encargaron de transaccionarlos y estratificarlos mediante un esquema de triangulación de recursos.
Pie de foto
Caso Odebrecht. El exdirector de Pemex fue demandado por sexta ocasión.
LEG