Apenas vamos a llegar a la mitad del sexenio y en Palacio Nacional ya buscan relevo. Aunque bien podría ser una de las cortinas de humo de esta administración morenista frente a la infinidad de compromisos sin cumplir, también podría ser un legítimo grito de ayuda. 

México va mal y los números indican que vamos para peor. Sería muy sencillo echarle la culpa de todo a la pandemia, aunque no lo veo lejano, cuando se dijo desde un principio que a nuestro país le caía “como anillo al dedo”, sin embargo, desde antes del Covid-19 el sexenio parecía no arrancar.

Desde la llegada de Morena a finales del 2018, hasta antes del parcial cierre económico en marzo de 2020, se generaron 25 mil 017 nuevos empleos, es decir, un promedio de 8 mil 300 nuevos puestos de trabajo al mes, para un país de 87 millones 500 mil mexicanos en edad de trabajar, no es nada, literal, nada. 

Las principales generadoras de empleo son las pymes y el Gobierno las dejó en el abandono. De acuerdo con un estudio de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, 700 mil empresas están en riesgo inmediato de cierre debido a la falta de apoyo gubernamental. El documento señala que del millón 584 mil empleos formales que se perdieron entre marzo y julio, sólo se ha recuperado 50%.

Los mexicanos han ocupado los ahorros de su Afore para salir adelante. En el primer trimestre del 2021, casi 1 millón de trabajadores solicitaron recursos por concepto de desempleo, pero datos de la Consar, indican que en esta administración suman 4 millones los que acudieron a esta opción. 

México necesita de manera urgente una nueva estrategia para no seguir yéndonos en picada. En el sector minero, tenemos varios ejemplos de que para lograr una mejora basta voluntad y hacer cumplir la Ley, cosa que no han querido. 

El presidente de Andrés Manuel López Obrador anunció el rescate de Cananea, dijo que buscará solucionar los conflictos laborales, pero una vez más le informaron mal. En Cananea sólo se necesita que a los mineros se les garantice su derecho al trabajo, tal como lo establece la Constitución, y que no se le permita a Napoleón Gómez Urrutia volver a tomar la mina. 

También se requiere que Napillo acate la decisión del Juez y regrese los 55 millones de dólares que les robó a los mineros de Cananea. ¿Se imaginan cómo podría detonar económicamente a una población tal cantidad de dinero? Se incentivaría el comercio local, podrían abrir nuevos negocios y generar más empleo, por decir lo menos. 

En Cosalá, Sinaloa, más de 300 familias perdieron sus ingresos por el secuestro de la mina San Rafael por parte de la gente de Napito. Van 18 meses de inactividad en la mina y más de 5 millones de dólares de pérdidas económicas. Aquí el mismo caso, basta hacer cumplir la Ley y no pasar por alto los actos delictivos orquestados por el senador morenista. Cosalá es de interés internacional, ya que involucra a una empresa extranjera, esta situación causa nerviosismo y falta de claridad en la aplicación de justicia, por lo que podría traer consigo la parálisis de la inversión extranjera, tan necesaria en estos momentos. 

Pero no, al parecer esta 4T no ve los beneficios de garantizar el Estado de Derecho. Han preferido, en estos casos, que la riqueza se centre en un sólo hombre, en Napillo, prefieren que siga secuestrando minas, llevando pobreza a las comunidades.

Es hora de que esta administración abra los ojos, empiece a gobernar con la Ley en la mano y deje de jugar a los improvisados. Dejen de buscar relevos cuando pareciera que ni siquiera han empezado a trabajar.


@CarlosPavonC