En Morena pesa más el acuerdo que tiene con el PT a nivel legislativo que la aplicación de la justicia.

Una vez más, una maniobra legaloide, ahora aplicada por el presidente de la Comisión Permanente, Eduardo Ramírez, impidió que se votara la fecha para la celebración de un periodo extraordinario en donde se quitaría el fuero a los diputados Mauricio Toledo y Benjamín Saúl Huerta.

El primero, cubierto bajo las siglas del PT, acusado de enriquecimiento ilícito y el segundo miembro de Morena, acusado de abuso sexual.

Huerta es, sin embargo, un beneficiario colateral de la decisión de Ramírez.

La decisión de aplazar para quién sabe cuando la votación de un extraordinario busca salvar a Toledo y la alianza del PT con Morena.

No es un secreto que los diputados del Partido del Trabajo serán fundamentales para que Morena logre una mayoría en San Lázaro en la próxima Legislatura.

De esa necesidad se ha valido el PT para defender a Toledo.

Morena ha ido pateando el bote literalmente, ganando tiempo para tratar de llegar hasta septiembre cuando Toledo vuelve a tener fuero por ser diputado reelecto.

Eduardo Ramírez aseguró que la votación no sería posible ayer por contradicciones entre las bancadas y porque no se alcanzaba la mayoría calificada que se necesita para convocar a un periodo extraordinario.

Pero la contradicción no era sobre Toledo, sino sobre el caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, acusado de corrupción, a quien un juez federal concedió el 22 de febrero una suspensión definitiva contra una orden de aprehensión.
Como explicó el priista Manuel Añorve, votar a favor de incluirlo en el extraordinario “era violar una orden judicial con lo que se configura el delito de desacato’’.

Y sobre la mayoría calificada, efectivamente Morena y sus aliados no la reunían pero los panistas se dijeron dispuestos a votar a favor para sacar la convocatoria, pero Ramírez no lo quiso.

Así que Toledo gana quizá una semana más y podría no llegar al jurado de procedencia si el PT sigue espantando con el petate del muerto a Morena.

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El grupo de cinco magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, logró consensuar un acuerdo mediante el cual le quitan al presidente del organismo, José Luis Vargas, la asignación de los casos de impugnación.

Para cumplir con los principios de objetividad, imparcialidad e independencia en el TEPJF, la magistrada Janine Otálora Malassis y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales y Reyes Rodríguez Mondragón, impulsaron un esquema imparcial que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

El acuerdo establece que el turno de las impugnaciones relacionados con el resultado final y la validez de las elecciones de gubernaturas, se llevará de forma independiente, en orden alfabético, exceptuando a quien ya hubiera instruido un asunto de tales características.

También, recibido el medio de impugnación respectivo y una vez que se haya identificado el estado y elección con el que ese juicio se relaciona, se desarrollará el procedimiento de insaculación aleatorio en el que participarán todas las y los magistrados que integran el Pleno, sin excepción, incluso por razón de periodos vacacionales o licencias.

En pocas palabras, los casos de impugnación serán por un sorteo y no por la asignación del magistrado presidente.

Para poco y simple, pero no lo es.

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Una familia, esposa, esposo y un pequeño de tres años, desaparece en algún lugar de Aguascalientes y días después aparecen descuartizados en un municipio de Zacatecas.

¿De verdad tenemos que normalizar ese grado de violencia?