Una vez más se la aplicó al Gobierno Federal, y es que a unas horas de haber firmado un acuerdo para poder reabrir operaciones en la mina San Rafael en Cosalá Sinaloa, Napoleón Gómez Urrutia, fiel a sus costumbres, se desistió de lo acordado y empezó a poner trabas para no cumplir con el arreglo y entorpecer dicha apertura.

A pesar de que durante meses el Gobierno de la 4T violentó la Ley y violó los derechos laborales para imponer al senador morenista como único líder sindical de esa sección, y que en las conferencias mañaneras el presidente López Obrador diera su apoyo y solicitara que fuera Napito quien se sentara a negociar dicha apertura, este no sólo los dejó mal sino que provocó que un acuerdo que fue anunciado como uno de los pocos logros de esta administración se cayera en cuestión de horas.

Basta recordar que durante 18 largos meses, la gente de Napillo se dedicó a saquear y a devastar la mina, que no se trató de una huelga, sino de la toma violenta de las instalaciones, a pesar de esto, la Secretaría del Trabajo y las autoridades judiciales no sólo pasaron por alto los ilícitos, sino que se enfocaron en organizar el Recuento por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo. Este se llevó a cabo en medio de irregularidades, donde los mineros vivieron acoso y amenazas por parte de los afines a Urrutia para influir el voto a su favor.

La protesta de los trabajadores no se hizo esperar y es que como se preveía las autoridades dieron como ganador del proceso a Napito, sin embargo, el hecho fue impugnado por la organización que me honro en encabezar: el Sindicato Minero FRENTE y por el Sindicato Nacional de Trabajadores Industria, Minero Metalúrgico de la CTM, sin embargo, el Gobierno Federal hizo caso omiso de estos recursos.

El apoyo que recibió Gómez Urrutia de la 4T fue cínico, cayendo en un desmedido abuso de poder del presidente López Obrador y de la ex ministra Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación, quien aceptó que se negociara con Napillo a sabiendas que al hacerlo se violaba la ley y la voluntad de los trabajadores a elegir libremente a sus líderes sindicales, ya que las impugnaciones están sin sentencia.

Al final, la orden del Presidente fue que tres Secretarías de Estado acompañaran a su gallo en las pláticas: la de Gobernación, la de Economía y la del Trabajo, por lo que tras varias mesas de negociación o más bien de doblegación, se acordó firmar el acuerdo que, dicho sea de paso, contemplaba curiosamente el reconocimiento inmediato del Tesorero local, es decir, dejaba ver que todo giraría en torno al manejo del dinero.

No hay que olvidar que para Napito la figura del Tesorero es imprescindible, y es que no por nada ha sido acusado en distintas ocasiones de extorsionar a las empresas y arreglar todo a punta de billetazos, pues pone sus intereses por encima de los beneficios de la colectividad.

La euforia por la firma del acuerdo que resultó tan frágil como la palabra de Napito, también hizo olvidar a las autoridades que de acuerdo con la Reforma Laboral, que ellos impulsaron, adecuaron e impusieron, en una misma empresa pueden existir uno o más sindicatos, por lo que en dichas mesas donde se negoció la reapertura debimos estar presentes todas las organizaciones.

Hoy, aseguran que al Presidente se le está agotando la paciencia y las concesiones hacia el senador de Morena, al grado de hacer cumplir la orden de reapertura de la mina a pesar de la oposición de su gallo.

Como dice el clásico popular… “Se les dijo”.

 

@CarlosPavonC