Hace más 10 años, justo el 18 de abril de 2011, México vivía, nuevamente, uno de los episodios más lamentables de su historia contemporánea después de que un comando del Ejército asesinara a un joven doctor llamado Jorge Otilio Cantú.
El caso viene a la memoria pues esta semana se ha dado a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) tendrá que indemnizar a los familiares de Jorge por daño moral, físico y gastos funerarios. La cifra podría ascender a más de 15 millones de pesos.
La resolución fue impuesta por el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que confirmó la sentencia del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer circuito tras un amparo que la esposa y padres del joven habían interpuesto.
Con Gustavo Sánchez y Enrique García van 20 periodistas asesinados en lo que va del sexenio de AMLO
Con esto, el órgano judicial dio la razón a los familiares de Otilio Cantú quienes reclamaban la responsabilidad patrimonial del Estado ante la Sedena y la correspondiente indemnización.
Al respecto, el abogado de la familia, Roberto Santana, ha declarado que no han sido notificados con la sentencia final, por lo que habrá que esperar a que se concrete para exigir la indemnización.
Los lamentables hechos
El 18 de abril del 2011, elementos de la Sedena participaban en una persecución en cuatro vehículos contra un carro color blanco y una camioneta roja en donde viajaban hombres armados.
En la persecución, tanto los automóviles donde viajaban los hombres armados como los militares se encontraron con el automóvil de Otilio a la altura de la avenida Lázaro Cárdenas en Monterrey, Nuevo León.
Cantú manejaba una camioneta guinda, la cual quedó perforada por las 29 balas que los elementos de la Sedena dispararon. Seis de ellas dieron en el rostro del joven quien llevaba apenas unas semanas de casado.
La historia de Emily, la bebé que habría muerto por negligencia médica en Coacalco
En su proyecto de sentencia, el cual dio la razón a los familiares de Cantú, la magistrada Nora Elizabeth Urby Genel dejó en claro que resultó “evidente” que la camioneta en la que viajaba el doctor era ajena a la persecución.
La magistrada calificó el ataque como irregular puesto que los militares no detuvieron el fuego a pesar de que desde el vehículo no se repelió la agresión.
“Su conducta no obedeció a una confusión, equivocación o mero accidente, ni se trató de una reacción de legítima defensa, sino de un ataque directo sin justificación”, remató Urby Genel.
Por estos hechos, en 2016 cinco militares que participaron en el asesinato fueron sentenciados a 22 años y seis meses de prisión.
FF