El descontento de la población colombiana contra la reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque, la represión policíaca y el mal control de la pandemia son fenómenos bien atestiguados y reportados por medios de comunicación, quienes hoy en día se encuentran amenazados, luego que Alejandro Corrales y Gabriel Jaime Vallejo, congresistas del Centro Democrático, plantearan la posibilidad de utilizar los recursos de la publicidad oficial -de los que la actividad periodística depende-, con el pretexto de la existencia de una crisis financiera, aunque la finalidad real, denuncian, es controlar su narrativa y cobertura.

«Quieren usar los recursos para premiar o castigar, según la línea editorial», resaltó Raissa Carrillo en entrevista con 24 HORAS, coordinadora de Atención a Periodistas de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), una organización colombiana que lleva años estudiando la problemática.

La ONG ha identificado los intentos del Gobierno por moderar la protesta, como los más de 840 millones de pesos que Iván Duque destinó a campañas y contratos publicitarios durante el paro nacional de 2019 para desvirtuar las manifestaciones, o los 220 millones de pesos designados a un acuerdo de publicidad oficial con la empresa Alotrópicos para amortiguar el impacto de las movilizaciones sociales.

De acuerdo con la abogada, lo más grave es lo que el Ministerio de Defensa en Colombia ha clasificado como «terrorismo digital», que son aquellas publicaciones en redes sociales relacionadas con las protestas en las que presuntamente se perjudica el nombre de las Fuerzas Armadas, criminalizando a cualquier periodista independiente, medio e incluso a los ciudadanos, generando miedo para provocar, a su vez, autocensura.

 

LEG