Sinaloa es noticia a nivel nacional debido a que su Congreso aprobó el matrimonio igualitario, un avance en los derechos de las personas, consideraron activistas. Sin embargo, llamó la atención el que ningún legislador haya votado en contra.
El dictamen, que reforma el Código Familiar del Estado de Sinaloa para extender las figuras del matrimonio y concubinato a las personas del mismo sexo fue aprobado por 23 votos a favor, 0 en contra y 17 abstenciones.
Quien osara votar en corría corría el riesgo de ser multado e inhabilitado por siete años por caer en desacato y abuso de autoridad.
¡Sí al matrimonio igualitario!
Con el voto unánime de 23 diputadas y diputados, el Congreso del Estado de Sinaloa reformó los artículos 40 y 165 del Código Familiar con la finalidad de extender las figuras del matrimonio y el concubinato a las personas del mismo sexo. pic.twitter.com/fxBZIuO8G7
— Congreso del Estado de Sinaloa (@congresosinaloa) June 15, 2021
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Los motivos…
La historia se remonta al 18 de junio de 2019 cuando el Congreso del Estado discutió por primera ocasión la unión civil entre personas del mismo sexo. En aquel entonces la votación fue cerrada: 20 en contra, 18 a favor, por lo que la legislación quedó estancada.
Dado que colectivos e individuos consideraron que sus derechos humanos habían sido vulnerados se interpuso un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, mismo que fue resuelto a su favor este 13 de junio.
La autoridad judicial (Segundo Tribunal Colegiado con sede en Culiacán) dio la razón a los colectivos LGBT+ y ordenó al Congreso a llevar al Pleno, a más tardar el 15 de junio, el dictamen nuevamente.
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El Tribunal fue más allá, al ordenar que los artículos 40 y 165 del Código Civil del estado debían ser reformados para hacer legal la unión de personas del mismo sexo.
“El voto en contra vulnera los derechos humanos de las personas que pertenecen a la comunidad LGBT”, determinó la autoridad.
Además, la resolución judicial estableció que el legislador que llegara a votar en contra se haría acreedor a la imposición de una multa de hasta 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) y el llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que podría culminar con la separación e inhabilitación del diputado.
FF