No se entiende cuál es la prisa del presidente Andrés Manuel López Obrador por anunciar, seis largos meses antes, quién será el nuevo gobernador del Banco de México.

Ya un subgobernador del banco central había cuestionado el hecho de que el mandatario alebrestara el gallinero con tanto tiempo de anticipación pues lo único que logró fue generar inestabilidad.

Como haya sido, ayer el Presidente anunció que Arturo Herrera será el sucesor de Alejandro Díaz de León Carrillo y el lugar de Herrera será ocupado por el eterno asesor Rogelio Ramírez de la O.

La única explicación posible para el adelanto del anuncio es que el propio López Obrador tuvo que enviar una señal de calma a los mercados financieros luego de que él mismo generara psicosis al anunciar, hace unos días, que no propondría a Díaz de León para un nuevo periodo al frente del BM.

En su lugar, dijo, será ocupado “por un economista con dimensión social’’; muchos se preocuparon por el perfil de quién sería ese economista.

Si Pemex es dirigida por un agrónomo, cualquier cosa podría esperarse.

Herrera era, junto con los subgobernadores del BM, uno de los candidatos.

Oficializado ya en su nuevo encargo -tiene que pasar en unos meses la aduana del Senado, en donde no va encontrar dificultades- el todavía Secretario de Hacienda enfrentará ahora la suspicacia sobre sí defenderá la autonomía del Banco Central o pondrá la institución al servicio del jefe del Ejecutivo.

Hasta ahora, Herrera se ha manejado con ortodoxia lo que se ha reflejado en la fortaleza de las finanzas públicas.

Esperemos que siga así; su jefe ya no será López Obrador pero…

Suerte a ambos.

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En un episodio más del fraude más grande de la historia a una organización filantrópica, el pasado 4 de junio un juez de control del estado de Puebla libró orden de aprehensión en contra de Roberto, María Elodia, Margarita, y Juan Carlos Jenkins de Landa, Elodia Sofía de Landa Irízar de Jenkins, Juan Guillermo Eustace Jenkins y sus abogados Virgilio Rincón Salas, Alejandro González Muñoz y Carlos Román Hernández por considerarlos responsables del fraude por más de 14 mil millones de pesos en contra de la fundación Mary Street Jenkins.

La fundación Mary Street Jenkins fue creada en 1954 por William O. Jenkins, quien dispuso que toda su fortuna debía permanecer en beneficio de la sociedad poblana, prohibiendo expresamente que sus descendientes se beneficiaran de su patrimonio pues únicamente podrían fungir como patronos sin ser dueños de ningún activo de la organización.

Sin embargo, en contra de la voluntad de su fundador, en abril de 2014 los ahora acusados y prófugos dispusieron ilegalmente del patrimonio de la fundación mediante una estructura delincuencial orquestada por sus abogados a través de empresas creadas a modo en Aguascalientes, Jalisco y finalmente Panamá, pretendiendo con ello hacerse ilícitamente de sus activos, en perjuicio de la sociedad poblana.

Es la segunda orden de aprehensión que giran en su contra.

A ver.

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El QS World University Rankings 2022 concedió a la UNAM el título de la segunda mejor universidad de Latinoamérica, sólo por debajo de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Estamos de acuerdo… cuando trabaja.

Porque desde hace un tiempo, la máxima casa de estudios se la vive en un conflicto de paros y tomas de instalaciones y presiones de grupos de porros que perjudican a decenas de miles de alumnos.

Todo el tiempo, todos los años.

Y como dice el clásico, “y nadie hace nada’’.