Hay un antecedente que resolvió, en noviembre de 2017, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a uso de las tarjetas-promesa en las campañas políticas.
En mayo de ese año, el PAN acusó al candidato del PRI al Gobierno de Coahuila, Miguel Riquelme, de coaccionar el voto por medio de la entrega de tres tarjetas: “Mi monedero rosa’’, “Mi monedero’’ y “Mi tarjeta de Inscripción’’.
Acción Nacional acusó, como ahora lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que la entrega de dichas tarjetas constituía un delito electoral.
En el juicio SUP-RAP-202/2017, el ministro ponente, Felipe Fuentes Barrera, consideró que no había tal en tanto que las tarjetas entregadas, de cartulina o plástico, no contenían dinero ni alguna otra contraprestación.
Para llegar a esta conclusión, el Tribunal realizó una investigación con la colaboración de la Comisión Bancaria y de Valores, quien informó que ninguna de las tarjetas tenía registro.
La resolución fue que entregar tarjetas de cartulina o plástico sin saldo ni alguna otra prestación, como descuentos, era meramente un acto de propaganda política pero no un delito que debía sancionarse administrativamente.
Recientemente el Congreso aprobó una modificación constitucional para que los delitos electorales sean considerados graves y se condenan con pena de cárcel.
Sin embargo, si se siguiera la tesis del TEPJF de 2017 y se realizará una investigación con el rigor que se hizo entonces, no habría delito que perseguir en contra de cualquier candidato que ofrezca tarjetas para obtener el voto.
Ayer el consejero del INE, Ciro Murayama, coincidió con la tesis del Tribunal y declaró que el solo hecho de repartir tarjetas, no es ningún delito.
Con estos antecedentes, habrá que seguir con atención que dice el juez que seguirá la causa en contra del candidato priista Adrián de la Garza.
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Como la candidatura de la priista Claudia Anaya nomás no levanta, fue en su refuerzo la senadora del PAN Josefina Vázquez Mota.
No se sabe si tienen alguna afinidad ideológica pero ambas tienen una Fundación que administran para distintos fines.
A Vázquez Mota le fue como en feria el sexenio pasado cuando se reveló que su Fundación había recibido casi 1,000 millones de pesos de varios gobiernos sin que, aparentemente, hubiera información sobre el destino de los recursos.
El mismo cuestionamiento se le hace a Claudia Anaya, cuyos hermanos son los administradores de su Fundación.
Como sea, la candidata priista necesitará más que el refuerzo de la panista pues las encuestas la colocan con una desventaja de dos a uno en la carrera por la gubernatura de Zacatecas contra David Monreal.
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Al medio día de ayer circuló en redes un supuesto oficio firmado por el diputado de Morena Edelmiro Santos, en el que anunciaba la preparación de una iniciativa para privatizar las Afores.
Según el documento, el dinero sería para completar los elefan…, perdón, las obras insignia del actual Gobierno.
Pasadas varias horas, el diputado en cuestión dijo que el documento era fake.
Peeeero, su coordinador parlamentario Ignacio Mier, envió desde su cuenta personal de Twitter, una posición en la que señalaba que ya se había aprobado una reforma a la ley de las Afores y que su bancada no acompañaría ninguna otra modificación.
Tres horas después de este primer tuit, Mier envió otro mensaje diciendo que el citado documento era fake porque la firma no era la del legislador y ellos nunca le sellaron de recibido.
O sea, sí pero no.
LEG