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Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa El IFT determinó que sí presentará una controversia constitucional contra la aplicación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil  

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) determinó que sí presentará una controversia constitucional contra la aplicación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).

Por medio de un comunicado, detalló que la reforma establece que el IFT se encargará de instalar, operar, regular y mantener dicho padrón con cargo a su presupuesto.

Sin embargo, el Instituto dijo que no podría destinar en este momento recursos al PANAUT ya que ni en la planeación presupuestal ni en el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2021, hay recursos asignados para ponerlo en marcha.

Además el organismo explicó que el Pleno consideró que el acto legislativo contiene elementos que podrían contraponerse con el mandato del IFT de garantizar los derechos contenidos en los artículos 6º y 7º de la Constitución, así como de favorecer el acceso a los servicios de telecomunicaciones, que, aseguró, son derechos fundamentales.

Finalmente, el IFT manifestó su absoluto compromiso y responsabilidad de actuar siempre en el marco del Estado de Derecho, así como su reconocimiento y respeto al Poder Judicial.

LA POLÉMICA
Dichas reformas han causado preocupación entre la ciudadanía pues aseguran, contravienen diversas disposiciones constitucionales.

Por ejemplo la vulneración al derecho de protección de datos personales, ya que se obligará a los usuarios a permitir el registro de sus datos biométricos como huellas dactilares y de reconocimiento facial e iris y otros datos oficiales como direcciones de domicilio, número telefónico y la fecha de activación de la línea.

Aunado a ello, se ha señalado que también podría representar la violación a la presunción de inocencia, pues la reforma establece que cualquier actividad realizada con el teléfono es atribuible a la persona que aparece como titular de la línea telefónica (art. 180 bis de la LFT).

Otros derechos que aseguran podrían ponerse en riesgo son los del autodeterminación informativa, el derecho de acceso a las telecomunicaciones, entre otros.

 

 

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