La crisis sanitaria y económica provocada por el Covid-19 ha afectado a todo el mundo, pero no en la misma medida. Mientras que los países desarrollados, como Reino Unido, se encuentran en camino hacia la Nueva Normalidad, al haber vacunado a un gran porcentaje de su población, América Latina concentra una enorme cantidad de muertes y el mayor endeudamiento financiado por el Fondo Monetario Internacional.
Esto ha reavivado una discusión sobre la importancia de aumentar la recaudación fiscal para solventar los empréstitos contraídos. Es el caso de Colombia, un país cuya propuesta de reforma fiscal terminó en tragedia y en lamentables violaciones a los derechos humanos.
El ejemplo colombiano es una gran lección rumbo a un nuevo pacto fiscal, y también un termómetro que nos reafirma que enfrentar la crisis sin endeudamiento fue una estrategia adecuada, además de un compromiso cumplido con la sociedad mexicana que en 2018 decidió no sólo la alternancia política, sino transformar el modelo económico, para dar paso a otro, fundado en el bienestar de las personas, la inclusión de los grupos marginados y la reducción de la desigualdad, apoyando directamente a quienes más lo necesitan.
El Gobierno colombiano pretendía recaudar, con la propuesta de ley, un 2% del Producto Interno Bruto, con el objetivo de evitar que la calificación de su deuda soberana se desplomara, y puso en la mesa la necesidad de una renta básica universal, pero a costa de aumentar las cargas tributarias a la clase media, que ya se ha visto disminuida por la creciente desigualdad durante las últimas décadas. Ello generó un enorme descontento entre la población y derivó en un paro nacional que fue violentamente reprimido por el ejército.
La Organización de las Naciones Unidas ha condenado el uso excesivo de la fuerza militar, y la comunidad internacional, respetando la soberanía de la República de Colombia, se ha pronunciado en favor del respeto a los derechos humanos en estos momentos de tensión, para evitar más muertes, lesiones, desapariciones e incluso violaciones denunciadas por la población, la cual, a pesar de que la iniciativa de reforma fiscal fue retirada, continúa protestando contra el Gobierno.
Para México, que se encuentra en medio del proceso electoral más grande de su historia, y concluyendo el tercer año de gestión de la administración federal, luego del cual se perfila un nuevo pacto fiscal, la experiencia colombiana nos advierte de los peligros de implementar reformas que atenten contra los principios de equidad y proporcionalidad en las contribuciones, por tanto, se precisa de un ejercicio amplio de Parlamento abierto, y encauzar las modificaciones hacia un esquema progresivo, que no ponga en riesgo la estabilidad económica de las familias mexicanas, sino que modernice el sistema fiscal para recaudar el impuesto digital y el lucro de quienes más ingresos generan en el país.
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