“Hay rubros para buscar la erradicación de la violencia que tiene que ver con prevención, atención y acceso a la justicia"
Foto: pixabay De cada 100 carpetas de investigación en delitos contra niños, niñas y adolescentes, 97 quedan impunes  

De cada 100 carpetas de investigación en delitos contra niños, niñas y adolescentes, 97 quedan impunes debido a la falta de capacitación del personal del Ministerio Público, pues integran mal el documento.

Así lo aseguró Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), quien resaltó que aunado a lo anterior impera una visión machista adultocéntrica de los funcionarios, que exponen la garantía de los derechos humanos.

“Un ejemplo muy lamentable es que se le cree a la voz de las personas que particularmente tienen dinero, tienen poder o son famosos, frente a la voz de niñas, niños y adolescentes que suelen criminalizarlos”, expresó.

Respecto al caso del diputado federal Benjamín Saúl Huerta Corona, acusado de violación equiparada agravada y abuso sexual contra menores de edad, el director de la Redim dijo que se deben evitar las omisiones por parte de las autoridades.

En días pasados, el morenista fue detenido –y liberado posteriormente– en un hotel de la colonia Juárez en la Ciudad de México, luego de que un menor de 15 años lo acusara de violación. Tras ello, en redes sociales se filtraron los mensajes con los que el diputado presuntamente enganchaba a los menores y audios de conversaciones con la mamá de una de las víctimas.

Al respecto, Martín Pérez enfatizó que la filtración de información debe castigarse, “hay periodistas que por conseguir la nota filtran algún elemento de la carpeta de investigación o elementos que no tiene nada que ver con el proceso y estos hechos se consideran una violación a las garantías de los agresores, ellos reclaman estas garantías judiciales y quedan en libertad”.

Indicó que la filtración de información de una carpeta en el Ministerio Público es un delito, en el cual también están involucrados funcionarios; y descartó que la solución sea aumentar las sanciones por los delitos contra menores de edad.

“El 97% de impunidad está vinculado con una mala actuación del Ministerio Público; de nada nos sirve agregarle 50 o 100 años a la sentencia, porque 97% de casos no llega (a una sentencia). Lo que necesitamos es mejorar y dedicar grandes esfuerzos a la procuración de justicia, a la investigación y a la construcción sólida de carpetas de investigación”.

Infografía: Xavier Rodríguez

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Impactan filtraciones

En ese sentido, Arturo Luis Cossío Zazueta, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, explicó que las filtraciones pueden afectar los casos.

Dijo que debe existir una presunción de inocencia del presunto agresor, así como una credibilidad a la víctima.

“Es muy importante, pues quien va y denuncia un caso de estos merece que se le crea para que se investigue con seriedad, pero se debe preservar la presunción de inocencia mientras no haya una sentencia condenatoria”, aclaró.

Cossío Zazueta coincidió con el director de la Redim en que la mala integración de las carpetas de investigación se debe a que el personal del MP no está bien capacitado, ni la Policía, porque es una corresponsabilidad, de acuerdo a los lineamientos del sistema acusatorio.

Otro factor es que puede haber cuestiones de dificultad para obtener el elemento probatorio, pues dijo que son delitos que se cometen generalmente en forma secreta, sin testigos; puede ser un problema de falta de habilidad para incorporar los elementos en una audiencia; puede ser una cuestión a veces de corrupción e incluso de que la denuncia implique algo que no haya ocurrido y que no se pueda acreditar.

Detalló que también hay eventos en donde el juez se pone demasiado exigente en algunos puntos y el MP no los puede cumplir; y reconoció que hay muchos casos, en los que la víctima se ve intimidada y no quiere seguir participando en la investigación.

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