El juez segundo de distrito en materia administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro concedió cinco nuevas suspensiones provisionales a favor de usuarios de telefonía celular, que les permiten mantener su línea telefónica a pesar de no hacer entrega de sus datos biométricos y personales, para el nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
De acuerdo con el juzgador que tiene especialidad en temas de competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, esta obligación contenida en el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil, puede violar derechos humanos, y debe quedar en suspenso mientras el Poder Judicial Federal analiza la Constitucionalidad de la reforma que crea el Padrón.
De esa manera, hasta el momento son seis los amparos concedidos en contra del Padrón que entró en vigor el pasado 17 de abril, luego de su aprobación en el Congreso y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Al respecto, el senador del PAN, Horacio González, consideró que estos primeros amparos son la antesala de una lluvia de recursos que terminarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Yo lo que veo es una lluvia de amparos de crecimiento exponencial” y adelantó que él estará compartiendo un formato de amparo de manera gratuita, para que los ciudadanos puedan retomarlo y presentar su amparo de manera individual o bien hacerlo de forma colectiva.
“Lo que estamos esperando es que siga siendo el resultado por parte de los jueces, yo lo que creo es que con este formato que lo van a poder descargar de manera gratuita, es la única manera de defendernos de esta ley tan absurda y que violenta nuestros derechos a la privacidad”, refirió.
Destacó que en Nuevo León, hay personas que ya están pensando en ir a Estados Unidos a contratar una línea telefónica y cancelar la que tienen en el país, con el fin de no otorgar sus datos biométricos.
De acuerdo con la Legislación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), expedirá las disposiciones administrativas de carácter general para la debida operación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que deberá contener los datos biométricos del usuario y cuyo objetivo, de acuerdo con el gobierno es, “colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.
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