Muchas han sido las voces que han criticado al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, por su decisión de no emitir una postura, cual sea ésta, después de que el Senado de la República avalara la extensión de su mandato por dos años más, una vez finalizado en 2022 su periodo no renovable de cuatro años.
Ante la inesperada votación de los senadores de Morena y legisladores aliados, que se tradujo en una de las decisiones que más controversias le ha traído al Poder Judicial en los últimos años, se esperaría que el Ministro presidente hubiese salido a denunciar lo que para muchos juristas es un atropello a la Constitución.
Con el carácter sorpresivo de la medida y, como se dijo en la propia Corte, la ausencia de una consulta previa a este poder en medio de un proceso de reforma, se le abre espacio a todo tipo de especulaciones.
Se trataría, para unos, de una simple ocurrencia de los legisladores y de un desconocimiento absoluto del orden constitucional. Podría ser, para otros, una prueba para medir el impacto de una modificación legal para ampliar el mandato de la cabeza de uno de los tres poderes de la Unión y llevar el experimento al caso del Presidente de la República. Difícil saber.
¿Qué es lo que sigue? La Cámara de Diputados puede desechar la iniciativa o bien confirmar el designio del Senado y proceder a este polémico cambio.
Ante este último escenario, sí o sí se recurriría a la Suprema Corte para validar o descartar la constitucionalidad de esta modificación. Es ahí donde se explica el silencio de Zaldívar.
El presidente de la Corte tendría que emitir, al igual que sus pares, un criterio jurídico en torno a la extensión de su propio mandato. Pronunciarse sobre lo adoptado apenas en la primera etapa de este complejo entramado sería adelantar el juicio que habrá de expresar llegado el momento y enrarecer aún más el clima político que esta decisión ha provocado en el país.
Todo parece indicar que el ministro Zaldívar ha decidido privilegiar el criterio jurídico que abonar al debate político si decidiera hacer público su punto de vista sobre la extensión de su presidencia.
Arturo Zaldívar enfrentará quizá la mayor disyuntiva de su carrera en el ámbito judicial. Se encontrará ante la oportunidad histórica de hacer prevalecer el orden constitucional de cara a lo que se ha considerado uno de los peores atropellos a la independencia del Poder Judicial.
Segundo tercio. En 2017, Arturo Zaldívar se pronunció en contra de ampliar el periodo de cuatro magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, al considerar que esta medida era inconstitucional.
Tercer tercio. Otro precedente es la aberrante Ley Bonilla y su pretensión de extender la administración del gobernador de Baja California de 2021 a 2024, misma que fue considerada por la Corte como contraria al orden constitucional. “La aprobación vulnera la esencia del proceso democrático, como forma de limitación del poder. Las violaciones son muy graves y cada una de ellas sería suficiente para declarar la invalidez de la reforma, pero interrelacionadas ponen de manifiesto un fraude a la Constitución. Un efecto corruptor de rango constitucional”, sostuvo Zaldívar en mayo del año pasado.
@EdelRio70