No hay manera de que el jefe del Ejecutivo obedezca las reglas o abandone su larga tradición de intervenir, diario, en el proceso electoral.
Ayer presentó una encuesta publicada por el diario Reforma -que por lo menos ya no fue “pasquín inmundo’’-, en la que se daba cuenta de la preferencia mayoritaria por Morena para repetir en la Cámara de Diputados como mayoría.
Se trata de una evidente violación a la veda electoral que impide a los funcionarios, de cualquier nivel, intervenir en el proceso electoral; imagínese el impacto tratándose del Presidente de la República.
El INE ordenó ayer que la conferencia del 16 de abril sea eliminada -bajada- de las redes de la Presidencia porque López Obrador habló de los programas sociales cuando tenía más que advertido que eso sería tomado como injerencia.
Tendría que hacer lo mismo con lo ocurrido ayer, aunque la autoridad electoral podría pasarse todo el año reconviniendo al jefe del Ejecutivo y éste tirándolos a locos, como ha sucedido.
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Carlos Alberto Navarro Sugich, exfiscal de Sonora en el (mal) sexenio de Guillermo Padrés Elías, anda rondando los campamentos de campaña de los candidatos a gobernador de todos los partidos ofreciéndose para el mismo cargo o “de perdida’’, para secretario de Seguridad Pública.
Lo malo del asunto es que Navarro dejó tras su gestión un cúmulo de denuncias en su contra por despojo, corrupción y enriquecimiento ilícito, al que se sumará el de violencia familiar denunciado apenas unos días por su esposa Ana Karla García Contreras.
Ni siquiera es la oposición la que denuncia al “travieso’’ exfiscal, sino sus propios compañeros de sexenio, que ya advirtieron a todos los candidatos a gobernador sobre los antecedentes de tan fino funcionario, que se promueve para volver al cargo a través de la Fundación Lazos Ciudadanos con la Seguridad, A.C’, que él preside.
Ojalá no haya un incauto que le crea; por lo menos que le echen un ojito a los antecedentes.
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En tiempos de pandemia, a pocos les importan los debates entre candidatos, sobre todo a las 15 gubernaturas que están en disputa.
Pero no dejan de ser un ejercicio interesante, no solo porque la pandemia ha obligado a realizar campañas virtuales o, en el mejor de los casos -cuando el partido y el candidato son responsables-, con muy reducidos auditorios que nada tienen que ver con los fastos del 2018.
Un primer debate ocurrió ya entre las candidatas al Gobierno de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, de Morena, y Anabell Ávalos, de la coalición PRI-PAN-PRD.
El tema fue la seguridad en el estado; Cuéllar aseguró que su adversaria mintió sobre la cifras que ofreció sobre seguridad -Ávalos fue presidenta municipal de la capital de Tlaxcala- pues los robos a casa habitación se incrementaron.
Tanto que la propia Ávalos fue asaltada en su casa cuando estaba con su equipo de trabajo.
Hasta ahí todo bien, dentro de lo esperado, pero seguramente los tlaxcaltecas se quedaron con las ganas de conocer las propuestas concretas -no generalidades- de las candidatas para combatir el delito que ha hecho famoso a su estado en el mundo, que es el negocio de la trata de mujeres, al que ningún gobernador, ni el actual, han podido detener.
LEG