La Cámara de Diputados aprobó las reformas para regular la subcontratación laboral (outsourcing), entre las que destacan sanciones más severas para quien incumpla las nuevas disposiciones al equipararla con la defraudación fiscal y multas de hasta cuatro millones de pesos, además de la prohibición en la deducción de impuestos.

El dictamen aprobado permite exclusivamente la subcontratación al tratarse de servicios especializados u obras que no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante de la compañía que se beneficie de estos servicios.

También se permite la subcontratación en los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante de la empresa que los reciba.

Sobre el reparto de utilidades, el dictamen estipula dos esquemas para regular el monto máximo y se aplicará el que resulte más favorable al trabajador; uno incorpora la limitante máxima de tres meses de salario del empleado y el otro es el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.

Al respecto, el diputado Carlos Pavón (PRI) aseveró que la iniciativa lejos de beneficiar a los trabajadores, los perjudica, ya que se pretende establecer topes máximos de tres meses del reparto de utilidades al trabajador, cuando en muchas ocasiones perciben más que eso.

Dijo que en el sector minero la utilidad a repartir este año equivale a más de los tres meses que se aprobaron.
“¿A quién van a beneficiar? Pues a las empresas. Ahorita vamos a recibir entre 60 y 120 mil pesos de utilidad, y ahora nos van a regular a tres meses, y eso en promedio de los tres años que vendrían equivaliendo a 56 días”, explicó.

El priista reconoció que el outsourcing requiere modificaciones, pero no se pueden reducir los derechos de los trabajadores en una época de pandemia que sólo traerá más inseguridad e informalidad laboral, porque no se cumplirá lo aprobado.

Adelantó que esta reforma también será objeto de amparos ante la SCJN, pues viola el artículo 123 de la Constitución.

El dictamen original tuvo una modificación por la cual se incluye a las administraciones de los tres órdenes de Gobierno en la prohibición de contratar personal por medio de outsourcing, y estarán obligados al reconocimiento de estos trabajadores y sus derechos, pero no establece un impacto presupuestal para ello.

Al respecto, el diputado José Elías Lixa (PAN) criticó que tan se sabe que tendrá un impacto en el presupuesto, pero no lo conocen, que el dictamen permite que los gobiernos no reconozcan la antigüedad de los trabajadores, lo que viola sus derechos.

LEG