Especialistas en telecomunicaciones y senadores advirtieron a Morena y sus aliados que las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones por las que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y que exige dar datos biométricos, serán objeto de amparos e impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ayer, en una votación cerrada (56 a favor, 52 en contra y 7 abstenciones), que evidenció el voto dividido de Morena, PT, PRI y PT y el voto en contra del PAN, MC, PRD y el senador sin partido, el Senado de la República aprobó el registro de los datos biométrico de los usuarios de telefonía móvil, o de lo contrario, se advierte la cancelación de la línea y una multa de 89 mil 692 pesos.

La mayoría de Morena, argumentó que el nuevo padrón permitirá reducir los delitos de extorsión y secuestro; mientras que la oposición calificó las reformas, como violatorias de los derechos humanos y por lo tanto advirtió: “nos vemos en la Corte”, toda vez que piensan presentar acción de inconstitucionalidad una vez que entren en vigor.

Para el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, este padrón es un “coctel” de violaciones a la Constitución. “Lo que se advierte aquí es que va a haber entre acciones de inconstitucionalidad, hasta juicio de amparo por muchos de los usuarios, porque hay retroactividad de la ley”.

La priista Claudia Ruiz Massieu, afirmó que la obligación de entregar datos biométricos atenta contra derechos fundamentales de los usuarios y su privacidad, violenta la presunción de inocencia y pone en riesgo la seguridad de las personas usuarias del servicio de telefonía celular.

La panista Xóchitl Gálvez, echó en cara al Senado, de haber gastado más de 20 millones de pesos para justificar un sistema de protección de las huellas de 128 senadores “y en esta minuta, pretenden no darle un peso al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que lleve a cabo este trabajo”, reprochó.

José Flores, director de comunicación de Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) consideró que con estos cambios en la ley, se crean más puntos de riesgo, “más puntos de vulnerabilidad, más bases de datos duplicadas, más riesgos para la privacidad de los mexicanos, sí hay que repensar en primera instancia si esta es la medida más adecuada”.

Advirtió que como sociedad civil, estarán promoviendo amparos y exhortarán a que las instancias correspondientes como el Congreso de la Unión o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o Fiscalías, “interpongan la debida acción de inconstitucionalidad” ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Frase

“Estas reformas se basan en la falsa premisa de que las autoridades no cuentan con mecanismos suficientes para combatir la delincuencia, cuando en efecto sí lo hacen y lo más problemático es que los mecanismos que tienen los utilizan de manera arbitraria o abusiva”.
José Flores, vocero de R3D

LEG