El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) circuló ayer en los medios los proyectos de sentencia de los casos de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, a quienes el INE retiró las candidaturas a gobernador por no haber presentado sus gastos de precampaña.
En el caso del Salgado Macedonio, el proyecto concede la razón al INE; reconoce que el “Toro sin Cerca’’ sí realizó precampaña y no presentó el informe al que estaba obligado por ley.
Sin embargo, no ratifica la sanción del INE sino que le devuelve el caso para que fije o rectifique la sanción, lo que generará un conflicto entre ambos organismos electorales.
En el caso de Raúl Morón, el dictamen reconoce su calidad de precandidato y le suma el atenuante de que sí presentó el informe de gastos respectivo pero fuera del tiempo reglamentario, por lo que el proyecto le devuelve la candidatura al Gobierno de Michoacán.
Tal decisión es controvertida; digamos que es como si un equipo de futbol anotara un gol después del silbatazo final y el árbitro decidiera que sí cuenta en el marcador.
Reglas son reglas.
En el caso de Salgado Macedonio, se confirma lo expuesto por el consejero electoral Uuc-Kib Espadas, quien en la sesión en la que se sancionó al guerrerense explicó que Morena utiliza una “verbalización engañosa’’ al disfrazar a sus candidatos como “defensores del voto’’ o “de la 4T’’ en sus respectivos estados.
Ojo, son proyectos que serán discutidos en el pleno que se compone de 7 integrantes y que está presidido por el magistrado José Luis Vargas Valdez, sobre el que pesan denuncias de un presunto enriquecimiento ilícito.
¿Qué tanto pesará en la decisión del Tribunal la situación personal de Vargas, presionado por una indagatoria oficial y por la cúpula del partido en el poder?
¿Por qué el TEPJF en el proyecto no se decidió a confirmar la decisión de quitarle la candidatura a Salgado Macedonio si en el estudio del tema llegó a las mismas conclusiones que el INE?
No es un secreto que entre el TEPJF y el INE hay una especie de confrontación, luego de que el primero ha bateado algunas resoluciones del Instituto.
Pero en un tema tan delicado como es el del retiro de una candidatura, la que fuera, el TEPJF se supone que tiene la última palabra.
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Las escasez de insumos médicos y medicamentos que padece el país ha obligado a que las instituciones de salud salgan a buscarlos al extranjero, cuando bien la industria nacional podría proveerlos.
El caso más reciente es del ISSSTE que solicitó a la empresa india Pharmexcil la cotización de 158 claves, que representan 47 millones de piezas; cada clave es un medicamento.
Inexplicablemente, el Gobierno federal ha decido mantener el veto a los laboratorios mexicanos, como ha denunciado desde hace meses la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf).
El Gobierno mexicano decidió contratar los servicios de la UNOPS, organismo de la ONU, para organizar la compra consolidada de medicamentos pero la gestión ha sido un fracaso; por lo menos hay un semestre de atraso en las licitaciones lo que ha obligado a que las propias instituciones de salud salgan al mercado internacional a comprar casi casi al precio que sea.
Ni mejores precios ni mejor abasto, sino todo lo contrario, en un mercado completamente desordenado y sin planeación.
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Ya se habían tardado.
Las rémoras de Morena pidieron al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, convocar al pleno para analizar la remoción del Auditor Superior de la Federación David Colmenares Páramo, por aquel tema del costo de la cancelación del aeropuerto en Texcoco.
Ni hablar.
LEG