PRI debe pagar de inmediato multa por 84.3 mdp: TEPJF

Dicha sanción se dio porque en febrero de 2015, el INE entregó al PRI la Lista Nominal de Electores de Revisión (LNER), en el marco del proceso electoral federal 2014-2015 y luego la ofertaron en Mercado Libre

PRI debe pagar de inmediato multa por 84.3 mdp: TEPJF
Foto: Facebook / @PRIoficial Como antecedente, el 4 de febrero de 2021, la Sala Superior del TEPJF confirmó la multa

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó una multa de 84.3 millones de pesos al PRI por permitir la venta del Padrón Electoral en la plataforma Mercado Libre.

Por unanimidad de votos, los magistrados de la Sala Superior determinaron que dicho partido debe empezar de inmediato con el primero de los seis pagos de la sanción, por lo que desestimó la petición de que se iniciarán tras culminarse el actual proceso electoral.

Dicha sanción se dio porque en febrero de 2015, el INE entregó al PRI la Lista Nominal de Electores de Revisión (LNER), en el marco del proceso electoral federal 2014-2015.

Sin embargo, el 3 de octubre de 2018, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tuvo conocimiento de que en la plataforma digital Mercado Libre se ofrecía a la venta la “Base de Datos INE 2018” por un costo de 2 mil pesos y se comprobó que se trataba de la lista de electorales entregada al PRI.

Por lo que el 26 de noviembre de 2020, el Consejo General del INE sancionó al PRI con la reducción del 10% del financiamiento público ordinario que le corresponde en seis parcialidades hasta completar los 84 millones 388 mil 178.20 de multa totales.

Como antecedente, el 4 de febrero de 2021, la Sala Superior del TEPJF confirmó la multa. El 9 de febrero de 2021, el partido presentó un escrito ante el INE, solicitando nuevamente que, por las condiciones económicas que afronta, se le cobrara la multa una vez concluido el proceso electoral 2020-2021.

El 26 de febrero, el INE declaró improcedente la solicitud presentada, en esencia, porque modificar una determinación previamente aprobada por el Consejo General atentaría contra el principio de certeza jurídica y definitividad, lo cual fue confirmado hoy por los magistrados.

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CT