Al menos dos casos de simulación de aplicación de la vacuna contra el Covid-19 se han registrado en México, aparentemente sin relación alguna; estampas que recuerdan las denuncias de la supuesta aplicación de agua destilada contra el cáncer en Veracruz, durante el Gobierno de Javier Duarte, solo que aquí sí fueron grabadas y difundidas en redes.


En medio de una pandemia provocada por una contagiosa enfermedad, simular la aplicación de una vacuna no es un simple error sino un delito que podría costar la vida de los adultos mayores involucrados y un atentado contra la comunidad en la que viven, pues la inoculación pretende salvar la vida de la persona y contener la epidemia.


Aunque se trata de dos casos grabados, no debería descartarse una investigación judicial en los centros de vacunación en los que se detectaron los “errores” para conocer si efectivamente se aplicó o no la vacuna, sobre todo, cuando a diferencia de otras campañas, en ésta muchos enfermeros reciben la jeringa ya preparada, es decir, el adulto mayor no ve cuando la sustancia se extrae del frasco.


Y la investigación no debe limitarse a la persona que simuló la aplicación de la vacuna, sino subir a los coordinadores para conocer la forma en que fueron reclutados los voluntarios y saber si esas dosis no están ligadas a los rumores de “la vacunación VIP” en México: la de empresarios y altos directivos que ahora ya pueden realizar sus labores con menos riesgo que el resto de los mexicanos.

#LoboSapiens
El Hospital General en la mira
Además de las complicaciones y el trabajo que le representa el ser uno de los principales centros de atención Covid en la capital del país, el Hospital General de México tiene enfrente una crisis de carácter judicial que toca a altos funcionarios. Se trata de una denuncia por el robo de computadoras de escritorio con un valor total de 300 mil pesos que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ya investiga. De acuerdo con el documento de la denuncia, al que tuvo acceso esta columna, los señalados son el Director General Adjunto de Administración y Finanzas, Francisco Salvador Valadez Saldaña, y la Directora de Planeación y Desarrollo de Sistemas Administrativos, Jacqueline Pineda Pineda, quienes habrían cometido diversos ilícitos en el ejercicio del servicio público, ya que eran los responsables de resguardar los bienes propiedad de sus proveedores.


Según la denuncia, el pasado 23 de marzo de 2021, cuando el representante del proveedor Mainbit, S.A. de C.V. se percató de que la bodega en la que se resguardaban equipos de cómputo nuevos para la operación del hospital había sido forzada; la chapa de la puerta fue retirada y sustraídos 18 equipos de los 200 que se encontraban ahí, mismos que tenían por objetivo el cumplir con un contrato de arrendamiento.  


A la mencionada bodega, ubicada concretamente en el área 203 del módulo “seguro popular”, “tanatología” y “eventos adversos”, sólo tenía acceso personal de la empresa proveedora; por lo que el MP adscrito a la oficina de María de la Luz Mijangos decidió aceptar la querella el pasado 31 de marzo, como un posible evento de corrupción, en el que más de un funcionario y trabajador del hospital podría estar involucrado.

 

                                                                                                                                                @chimalhuacano