En el inicio de las campañas electorales, tanto federales como locales, la Secretaría de Bienestar advirtió que la Constitución establece que el uso electoral de los programas sociales es delito grave.
Ante ello, hizo un llamado a los servidores públicos a conducirse con rectitud y hacer valer los principios de imparcialidad y neutralidad en el marco de los procesos electorales vigentes, y exhortó a la población a ejercer la denuncia ciudadana ante cualquier mal uso de los programas sociales.
Recordó que, para fortalecer la cero tolerancia al uso electoral de programas sociales y promover la denuncia ciudadana, puso en marcha su Programa de Blindaje Electoral 2021 que, entre otras acciones, vigila que desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral se suspende la propaganda gubernamental, a excepción de la información referente a servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
Asimismo, se prohíbe la entrega de apoyos calendarizados dentro de la semana correspondiente al cierre de campañas y jornada electoral; la realización de altas, bajas y cambios en padrones de derechohabientes; la entrega o inauguración de obras en este lapso, y la celebración de actos masivos con derechohabientes de programas sociales.
También promueve los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, reforzando la conducta ética de las personas servidoras públicas, creando conciencia sobre los delitos electorales y sus consecuencias.
La dependencia, informó que en este programa, se ha brindado capacitación al personal de Bienestar para prevenir el uso indebido de los recursos públicos y garantizar la operación honesta y transparente de los programas sociales durante el proceso electoral.
“De manera específica, el Blindaje Electoral ha incluido un Programa Integral de Capacitación para las personas servidoras públicas implementado por la Secretaría de Bienestar en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”, informó.
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CT