Las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos propuesta sorpresivamente el viernes por el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipa el mismo final que el de la fallida -hasta ahora- reforma a la ley de la industria eléctrica.
La exposición de motivos de la nueva iniciativa es muy similar a la de la reforma detenida por los jueces vía amparos.
Se esgrime la “seguridad nacional’’ para justificar la “intervención’’ -un verbo que parece un eufemismo de expropiación, según han alertado especialistas-, sobre depósitos de almacenamiento y gasolineras.
Esto, según, para castigar a las gasolineras que vendían combustible robado.
La idea central es afianzar el monopolio de Pemex en toda la cadena de producción, transporte, almacenamiento y distribución, tal como se había pensado para la Comisión Federal de Electricidad.
La iniciativa, por otra parte, pareciera un disparo de salva considerando que a partir del 4 de abril comienzan formalmente las campañas políticas y puede que no haya tiempo para discutirla y votarla en el Congreso.
El actual es el último periodo ordinario de la actual Legislatura; tradicionalmente, la Legislatura termina en cuanto comienzan las campañas pues muchos diputados y senadores están más concentrados en sus propios intereses que en los trabajos pendientes.
Como quiera, no se le ve buen inicio y mucho menos buen fin a la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos, cuya redacción parece más pensada en una provocación o en una acción para exhibir que los jueces “están al servicio de los conservadores’’.
Lo comprobaremos dependiendo de la prioridad que los coordinadores de Morena en el Congreso le concedan; si la dejan para después de las elecciones, fue pirotecnia.
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Por cierto, el presidente López Obrador aseguró que su Gobierno “pondrá orden’’ en la explotación de recursos naturales “por codicia’’.
Textualmente, el mandatario dijo “ante la codicia de quienes destruyen la naturaleza para generar riqueza a cualquier costo el Gobierno pondrá orden y tomará decisiones más estrictas’’.
Ni acababa su discurso y hasta la CDMX se escucharon los aplausos de los pueblos originarios de Yucatán y Campeche, perjudicados por el arrasamiento de la selva en la reserva de la Biosfera de Calakmul y de la parte de la Selva Lacandona para dar paso a las vías del Tren Maya.
Ojalá los aplausos lleguen hasta Palacio Nacional porque las quejas, esas nomás no tienen acreditación.
Ni que fueran youtuberos.
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Cuando la sociedad exigía al PAN -y a todos los partidos de oposición- ser extremadamente escrupuloso en la selección de sus candidatos a puestos de elección popular, sale con su chiste de proponer a un candidato señalado por huachicolero para presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas.
Se trata de Miguel Ángel Almaraz, detenido y preso en el 2009, acusado de robar combustible de Pemex y venderlo a Estados Unidos.
El acusado fue puesto en libertad en el 2015, porque un magistrado determinó que no se había comprobado fehacientemente que el combustible que comerciaba era robado.
Haiga sido como haiga sido, el PAN está viendo los escándalos generados en otros partidos por proponer como candidatos a personajes acusados de violar la ley y solito se mete el pie.
Están viendo y no ven.
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El consejero Mario Alberto Garza Castillo, presidente de la Comisión Electoral de Nuevo León, está bajo investigación por su probable apoyo a los candidatos del PRI y el PAN a la presidencia municipal de Monterrey.
Y la investigación es seria, para que no haya dudas de la imparcialidad de los órganos electorales, puestos como diana desde el púlpito mañanero, un día sí y otro también.
AR