Aunque todos los altos funcionarios públicos que militan en Morena trataron de culpar al INE de la descalificación de sus candidatos, el único responsable es el partido.
Por incompetencia, por desconocimiento o en franco reto a la autoridad electoral, por lo menos tres decenas de candidatos morenistas a puestos de elección popular perderán su derecho a competir en los próximos comicios.
Desde la antepasada elección federal, Morena trató de burlar la ley electoral nombrando a sus candidatos a gobernador “coordinadores de la defensa del voto’’ o de los comités estatales.
De esta manera, pensaban, el INE no tendría elementos para exigir el cumplimiento de las reglas que deben seguir los candidatos de todos los partidos.
Bajo la figura de los coordinadores, los candidatos de Morena se dedicaron a hacer campaña sin reportar los gastos al INE como hace el resto de los candidatos de todos los partidos.
Como sabe, la ley electoral permite también las precampañas partidistas.
Morena asegura que ellos “no hacen precampañas’’ y que el ejercicio se limita a una encuesta para elegir a sus coordinadores, que dejan de serlo en cuanto comienza la campaña constitucional.
Pero es claro y visto que para figurar en la “encuesta’’ que nadie conoce, todos los precandidatos en Morena hacen campaña.
Esos gastos deben ser reportados también al INE, no por una “persecución’’ en contra del partido guinda, sino porque así está reglamentado en la ley.
Si los candidatos de Morena fueron descalificados para competir por no haber reportado esos gastos o por hacerlo de manera extemporánea no es responsabilidad de la autoridad electoral sino de los responsables de cada candidatura para cumplir con la ley.
Ayer, la decisión del INE más notable había sido la pérdida de la candidatura a gobernador de Michoacán del líder de la CNTE, Raúl Morón, aunque la atención se centraba sobre el caso de Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, que hasta el cierre de este espacio no había sido discutido en el pleno del Consejo General.
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México rebasó ayer los 200 mil muertos por Covid-19, de acuerdo a las cifras oficiales, a un año y una semana de haber decretado formalmente el inicio de la pandemia.
En las redes sociales circularon ayer profusamente videos de diferentes meses del año pasado en los que el presidente López Obrador o el doctor de oro del sexenio, Hugo López-Gatell, aseguran que “ya se domó la pandemia’’ -en abril del 2020-, que la curva “ya se inclinó’’ o que de plano “no nos ha ido tan mal’’.
El número de fallecidos es más alto que los reportados, de acuerdo con las cifras del Inegi porque cientos de fallecidos el año pasado no fueron clasificados como víctimas de Covid, sino de “neumonía atípica’’.
Familias completas han muerto por falta de atención y por una política oficial errática que lo mismo desaconsejaba el uso del cubrebocas que minimizaba los efectos del virus en el cuerpo.
No fue una gripe estacional, como decía López-Gatell al inicio de la pandemia, y si el diagnóstico inicial estaba errado, las decisiones que se tomaron en función de ello también lo fueron.
Lo seguimos padeciendo. Y viene el tercer embate.
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Por fin se realizó ayer la audiencia de imputación en la que la candidata del PAN a la gubernatura del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, fue informada sobre las imputaciones que le hace la fiscalía del estado.
La candidata fue acusada de recibir 9 millones 267 mil pesos del ex gobernador César Duarte, preso en Estados Unidos, cuando era diputada local.
Campos Galván acusa persecución del gobernador Javier Corral.
Pero en el PAN no pasan esas cosas…¿o sí?
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