NAIM
Foto: Cuartoscuro/Archivo Caso Raphael se encuentra suspendido temporalmente de su cargo debido a que el auditor superior, David Colmenares, reconoció discrepancias  

El auditor especial de Desempeño de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), Agustín Caso Raphael, quien es el responsable de calcular el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, también conocido como NAIM, en casi 332 mil millones de pesos, aseveró, en su comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que no existió dolo o motivación política en el equipo auditor.

“No vengo a defender a capa y espada una cifra, vengo a poner sobre la mesa las razones por las cuales se presentan, con igual validez, dos ópticas distintas a explicar los procesos legales en los que habrán de ventilar estas diferencias, pero que no son verdades excluyentes”, dijo el funcionario.

Caso Raphael se encuentra suspendido temporalmente de su cargo debido a que el auditor superior, David Colmenares, reconoció discrepancias entre la cifra que presentó el organismo a su cargo, y las que estimó el Gobierno federal en la cancelación del NAIM.

La publicación de los resultados, como parte de la revisión a la cuenta pública de 2019, provocó un airado reclamo del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, de quien depende la ASF, pues acusó dolo y una intencionalidad política de dañar su administración pues la cifra era más de 200% superior a lo que, aseguró, costó terminar el proyecto aeroportuario en Texcoco.

“No estamos ante un hecho completamente pagado y cerrado, se trata de un proceso dinámico que tiene un conjunto de escenarios jurídicos, financieros y económicos, que pueden concretarse hasta en 26 años”, dijo Caso Raphael.

Enfatizó que nunca se presentó un pliego de observaciones como cuantificación de un presunto daño a la Hacienda Pública, ni existe señalamiento a ningún servidor público ni promoción de sanción por conductas graves ni no graves.

“Al no tener ningún elemento punitivo, con estos resultados queda claro que no existe ni existió la intención de imputar una conducta ilegal a un ente o gobierno. No se presenta ninguna cifra definitiva que señale un daño materializado porque el proceso de cancelación aún no concluye”, añadió.

La comparecencia de Caso Raphael ante la Comisión de Vigilancia de la ASF continua en el Salón de Protocolos de la Cámara de Diputados.

 

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fahl