Las quejas de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sobre la discriminación de género que padece en el gabinete de seguridad en nada ayudan a la causa de las mujeres. Y por una razón práctica; Gobernación es la dependencia encargada de la existencia y aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia promulgada por el presidente Felipe Calderón al inicio de su Gobierno.
Las cifras son lo de menos: los actos de violencia contra las mujeres pueden aumentar o descender; lo que importa es la existencia de la discriminación como conducta social machista, alimentada por la familia, la educación y las prácticas de división del trabajo que han definido el punto central de las políticas públicas sobre los géneros: los roles, las prácticas culturales moleculares.
Es condenable el hecho de que la secretaria de Gobernación se sienta discriminada por la cultura machista. Pero lo grave es su distanciamiento de su papel central en la defensa de las políticas públicas de defensa de la mujer; peor aún, no se trata de que haya menos represión agresiva contra las mujeres, sino de construir una conducta de Estado de respeto a los derechos de género.
La crisis, por lo tanto, no es que existan feminicidios, sino que el sistema judicial penal y de impartición de justicia sean tan discriminatorios hacia los delitos contra las mujeres. Ahí, en esas conductas machistas de policías y jueces –de ambos sexos–, se registran conductas de violencia contra el género femenino: los casos de mujeres agredidas se enmarcan en el concepto ahora popularizado de pacto patriarcal: solidaridad machista. Y no es cuestión de género: la secretaria de Gobernación, la jefa de Gobierno capitalina y la fiscal de CDMX son mujeres y poco –casi nada– han hecho para modificar el ecosistema judicial-penal que tiene que ver con las mujeres.
Y, en este tono, la barda en el Zócalo es una agresión simbólica contra las mujeres: privilegia la violencia como efecto por encima de las causas de la protesta.
Zona Zero
- En términos analíticos, la crisis de seguridad se ha municipalizado: ya no se trata de grandes cárteles que violenten grandes zonas, sino de disputa por territorios municipales. Por ahí habría que buscar parte de las razones de los asesinatos de políticos locales, ex, en curso o aspirantes.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
seguridadydefensa@gmail.com
@carlosramirezh