Un juez federal ordenó a las autoridades encargadas de la construcción y ejecución del Tren Maya suspender el desalojo de familias en Campeche.
El Juzgado Primero de Distrito con sede en ese estado determinó que las autoridades deben abstenerse de realizar el llamado proceso de relocalización consensuada en los barrios de Santa Lucía, La Ermita y Camino Real.
Lo anterior se dio luego de que al menos 80 personas que integran el Colectivo Tres Barrios presentaran una nueva demanda de amparo en contra de los desalojos que se pretenden hacer por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para la construcción del megaproyecto.
Desde hace aproximadamente un año, dicho colectivo ha denunciado que este proceso de relocalización es realizado por ONU-Habitat, contratado por el Fonatur, mediante el cual se les ha indicado a los habitantes de los barrios mencionados que deben buscar alternativas para reubicar sus viviendas.
Mediante un comunicado de prensa, indicaron que, a diferencia de un desalojo común, el desalojo forzoso es una violación al derecho a la vivienda, consagrado por el derecho internacional.
Argumentan que ni la Constitución, ni ninguna legislación, faculta a las autoridades demandadas a desalojar barrios enteros para un proyecto turístico.
En abril de 2020, el Colectivo Tres Barrios presentó una primera demanda de amparo, cuyo juicio sigue aún en curso.
AR