El sector energético, bomba de mecha corta

Enrique Campos Suárez

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El paso dado ayer por el Senado, de apresurarse a aprobar la contrarreforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, era una acción esperada ante un poder legislativo sometido a los designios de una sola persona.

Es una muestra más de la sumisión de ese poder, que en el papel debería ser autónomo y contrapeso de la voluntad unitaria del poder presidencial y por lo tanto un ejemplo más de los peligros democráticos que enfrenta este país.

Pero en materia de la contrarreforma eléctrica queda la esperanza de que el poder judicial haga valer simple y sencillamente la Ley. Por donde se le quiera ver, ese paquete de modificaciones al que, efectivamente, no le cambiaron ni una coma, es un retroceso económico, ecológico, competitivo que no tendría otro camino que ser rechazado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si no lo hace, entonces sí, habrá que recalcular el rumbo de este país en los años por venir.

Entonces, lo más lamentable de la aprobación en el Senado de la iniciativa preferente del Presidente en materia eléctrica no es la contrarreforma en sí, tiene la esperanza judicial, lo que pesa es el papel de esos legisladores que se engañaron ellos mismos para confirmarse como empleados del Presidente.

El siguiente paso es una contrarreforma en materia petrolera. Esa tendrá que esperar a la siguiente legislatura, es que el Presidente confía en que va a mantener a su mayoría en la Cámara de Diputados.

Un primer paso en el sentido de esa regresión en Petróleos Mexicanos lo dieron a la par de la aprobación de las modificaciones en materia eléctrica.

La cancelación de la relación comercial con la firma calificadora Fitch es lo mismo como no ir al médico para que no nos confirme una enfermedad terminal. Eso no cura el padecimiento, simplemente hace que el paciente viva en la ignorancia hasta que muera.

Y Pemex está en esa ruta de desahucio, porque resulta que no ha hecho lo suficiente para mejorar su situación operativa y financiera. Y su mecenas, el Gobierno federal y su acceso a las arcas públicas, no gozan de la mejor condición financiera por la recesión de los dos últimos años.

Solían los Gobiernos anteriores asumir decisiones que patearan los problemas a los Gobiernos siguientes, pero las determinaciones que ha tomado la 4T en materia energética parecen diseñadas para estallar en poco tiempo.

En el sector eléctrico, los pleitos legales que vienen van a complicar mucho el ambiente económico del país. La pérdida de la confianza para invertir en México va a ser acelerada y los costos asociados a los juicios y a las eventuales indemnizaciones serán una carga financiera difícil de calcular.

En el caso de Pemex, tener como plan de negocios la opacidad y pretender que el Gobierno federal se convierta en el gran rescatador acabará por comprometer las finanzas de los dos, de la empresa y del país y en muy poco tiempo.

No hay manera lógica de explicar por qué se han tomado esas decisiones que no dejarán buenos resultados económicos para nadie.

 

                                                                                                                                    @campossuarez