Mario Aburto Martínez, asesino confeso del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio, se prepara para pedir su libertad anticipada luego de cumplir, este año, dos tercios de su sentencia de 45 años.

Aburto dio el primer paso al presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por tortura y pidió reponer el caso “a la luz de las nuevas evidencias’’.

No se conoce cuáles son, pero la CNDH admitió la queja, abrió el expediente y emitió medidas cautelares a favor del convicto.

La ley le permite a Mario Aburto solicitar la liberación anticipada, que no necesariamente se le puede conceder pues depende de la evaluación de las autoridades penitenciarias.

Es decir, si ha cumplido con las reglas internas y no ha cometido algún acto que amerite sanción penal.

En el 2013, el padre de Aburto pidió al expresidente Enrique Peña Nieto el indulto para su hijo, aprovechando una reforma legal que concede al jefe del Ejecutivo la facultad de indultar a presos bajo ciertas condiciones.

La petición fue ignorada, aunque también iba acompañada de la denuncia de tortura y aislamiento injustificado.

Y aunque se trata de un asunto estrictamente legal, no falta quien vea en la aceptación de la queja una maniobra electorera.

Revivir el asesinato del ex candidato presidencial tendría por objeto exhibir al PRI -la verdad no se necesita mucho-, pero no deja de ser un recurso debido al impacto que el crimen tuvo en la vida política y económica del país.

Si Aburto merece o no la liberación anticipada es una decisión que tendría que ser estrictamente jurídica, pero que tendrá una enorme carga política, sea cual sea la decisión.

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Este miércoles el presidente López Obrador reconoció, en su mañanera, el hecho de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) rectificara sobre la auditoría realizada a la extinción del aeropuerto de Texcoco.

Pero ayer, desde el mismo púlpito, informó de la carta que envió a la Cámara de Diputados para que se investigue la actuación de la ASF, es decir, si los errores contables fueron eso, fallas, o una maniobra política para perjudicar a su Gobierno.

Por lo pronto, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados citó para el lunes próximo al auditor superior David Colmenares Páramo, a quien colocarán en la picota por instrucciones superiores.

Ojalá que los diputados también vean que se trata de una de 1,400 auditorías; sobre el resto no ha habido queja, pero sí una distracción que ha impedido dimensionar el monto del total de las observaciones, 67,498 millones de pesos.

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Por cierto, el presidente López Obrador prepara cambios en el Insabi, quizá para hacerlo funcionar porque desde su creación nomás ha reflejado problemas.

Ayer el Consejo Técnico del IMSS aprobó que el doctor Víctor Hugo Borja, dejará el encargo para “atender un llamado presidencial para asumir nuevas responsabilidades en el Insabi’’.

No precisa que será el nuevo director, pero corren versiones en ese sentido.

La Dirección de Prestaciones Médicas, que encabezaba Borja, será ocupada por la doctora Célida Duque Molina, quien es representante del IMSS en Veracruz.

Javier Guerrero García pasa de la Secretaría General del IMSS a la Dirección de Vinculación y Enlace con los Estados, considerada el área estratégica más compleja del Instituto, responsable de la operación y fortalecimiento del Seguro Social en el país.

El lugar de Guerrero será ocupado por Marcos Bucio Mújica, ex subsecretario de Educación Básica de la SEP, funcionario de primer nivel que goza del aprecio presidencial.

Suerte.