Para la revisión de los gastos del primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, se realizaron 1,400 auditorías.
Una de ellas, que ni siquiera es vinculante, es decir, que no generaba responsabilidades administrativas o penales, fue cuestionada desde Palacio Nacional por errores en la metodología contable.
Se trata, como sabe, de la auditoría realizada al gasto que implicó la cancelación del aeropuerto en Texcoco.
El encargado de realizar esa auditoría de desempeño, Agustín Caso Raphael, confirmó que la metodología no había sido la adecuada y se habían malinterpretado cifras que inflaron el resultado final hasta los 330,000 millones de pesos.
Ya hubo consecuencias.
Caso Raphael y otro auditor fueron separados de sus funciones por acuerdo de la Comisión de Integridad de la Auditoría Superior de la Federación, a la espera de que se resuelva un procedimiento interno abierto a partir de los errores aceptados.
El auditor David Colmenares, se comunicó ayer con el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para acordar que la dependencia envíe un funcionario para afinar la metodología que se utilizará en la nueva auditoría a los gastos de la cancelación del aeropuerto.
El Secretario de Hacienda, que había puesto en duda las causas de tales fallas, reconoció que no hubo mala voluntad sino que se trató de un error de interpretación de los datos.
Colmenares no piensa renunciar, pese a la presión que desde varios sectores ejercen.
El auditor tiene enemigos, desde luego, que buscan descalificar su trabajo, como una forma de resolver sus propios problemas.
Mire, poner en tela de juicio la credibilidad de la ASF tiene también que ver con el relevo de 15 gobernadores, varios cientos de municipios, cambios en órganos de Gobierno, es decir, de sujetos obligados a responder por el gasto del dinero público.
Seguramente habrá quienes quieran aprovechar el diferendo con el Ejecutivo por una de 1,400 auditorías para saltarse las entregas de cuentas.
Todo eso juega en tiempos de periodo electoral.
Efectivamente, todo parece que si hubo errores contables en la auditoría de desempeño del aeropuerto en Texcoco, pero persisten las observaciones sobre el gasto irregular de 67,498.4 millones de pesos.
Eso no debe perderse del foco.
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En la Cámara de Diputados deberá analizarse el uso lúdico de la mariguana, luego de que se aprobara en el Senado en diciembre pasado.
Parece que no habría problemas para que la mayoría de Morena diera luz verde, sobre todo considerando que la Corte fijó un plazo para que los legisladores definieran si aprueban o no el consumo con fines recreativos.
Hay quienes proponen “un parlamento abierto’’, para escuchar las opiniones de los expertos, pero la realidad es que si hay un tema discutido hasta la saciedad ha sido ese.
Además, ya se sabe que los “parlamentos abiertos’’ sirven solo para lavarle la cara al partido que lo propone, es decir, para nada.
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El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, pidió desestimar los cargos que le imputa la Fiscalía General de la República para iniciarle un juicio de desafuero.
El panista se presentó ayer en la Cámara de Diputados para conocer el expediente que le fue enviado a los legisladores para sustentar la petición de juicio de procedencia, situación inusual, porque tendría que haber sido notificado primero por la Fiscalía General sobre la investigación en su contra antes de que el tema llegara al Congreso.
La acusación de la Fiscalía, por cierto, implica a su mamá, sus hermanos, y a su esposa.
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