Este martes, diputados del Congreso Capitalino aprobaron modificaciones al Código Penal de la Ciudad de México, para penar con cárcel y multas, a servidores públicos que difundan información relacionada con procedimientos penales e imágenes vinculadas con violencia de género contra niñas, adolescentes y mujeres en la llamada Ley Ingrid.
El Código fue modificado a favor del dictamen que determina una sanción de dos a seis años de prisión y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) por compartir documentos relacionados a un procedimiento legal.
El legislador Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso reconoció las iniciativas presentadas en la materia y que tienen como propósito la protección de las víctimas de la comisión de delitos en la CDMX, lo que se ha conocido como la Ley Ingrid que consiste en la filtración indebida de imágenes, fotografías o videos.
“Se impondrán de dos a seis años de prisión, y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a la persona servidora pública que, de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, fotografíe, filme
“Reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos, con uno o varios hechos señalados por la Ley como delitos”, detalla la adición al Artículo 293.
También precisa que las sanciones previstas aumentarán en una tercera parte, si la información que se difunda es con el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares; se trate de cadáveres de mujeres, niñas, adolescentes, sea de las circunstancias de su muerte, de las lesiones, así como del estado de salud de la víctima.
El dictamen se construyó con las propuestas de iniciativas presentadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y por las diputadas Isabela Rosales de Morena, Gabriela Quiroga del PRD y Ana Patricia Báez del PAN.
El pasado 9 de febrero del 2020 policías fueron informados que una joven de 25 años había sido asesinada en un departamento en la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, posteriormente uno de los uniformados filtró fotos del feminicidio.
El 13 de diciembre de ese año un juez de control vinculó a proceso a un policía a quien se señala de ser el probable responsable de filtrar fotografías y videos del caso.
DAMG