Pues para ser el primer año del Gobierno “más transparente’’ y emblema del combate a la corrupción, no le fue nada bien a la 4T en las auditorías a la cuenta pública del 2019.

De acuerdo con la información que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a cargo de David Colmenares, se encontraron irregularidades en el gasto de, nada más, 67,498 millones de pesos.

Durante el primer año de Gobierno de Peña Nieto, las irregularidades detectadas sumaron 50,721 millones de pesos.

En el caso de las observaciones a la cuenta pública de 2019, no quiere decir -todavía-, que esos recursos hayan ido a parar a cuentas particulares o que se haya desviado su destino.

Son recursos “observables’’, es decir, que los funcionarios señalados por las inconsistencias contables encontradas tienen un plazo de 90 días para sustentar el uso y destino de esos recursos.

Sin embargo, hay algunas perlas que destacar en el informe de la ASF, porque se trata de señalamientos muy puntuales a los programas sociales emblema de la 4T, cuya falta de control y transparencia se ha denunciado en múltiples ocasiones.

Por ejemplo, en el “Programa Servidores de la Nación’’, a cargo de la Secretaría de Bienestar, se encontraron irregularidades por 321 millones de pesos.

La ASF detectó en ese programa la transferencia de 87 millones de pesos a 3 cuentas bancarias “sin que presentara evidencia documental justificada’’.

En total, las observaciones hechas a la dependencia que encabeza Javier May, suman 3,392 millones de pesos.

Quizá poco considerando las observaciones hechas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por 22,331.5 millones de pesos o los 4,576 millones de pesos “observados’’ a la Secretaría de Agricultura.

En esa dependencia, la ASF detectó inconsistencias por 338 millones de pesos en el “Programa Sembrando Vida’’; la Secretaría no acreditó que ese dinero haya sido entregado a los beneficiarios -pero el dinero sí salió de la tesorería-.

Se detectaron también anomalías en el gasto del “Programa Jóvenes Construyendo el Futuro’’, en donde se registraron a personas mayores a 29 años y uno que otro difunto.

La Secretaría de Cultura recibió observaciones por 1,707 millones de pesos -y eso que ese sector ha sido uno de los más golpeados por las reducciones presupuestales-.

Son “observaciones’’, pero no deja de extrañar que en la administración emblema del combate a la corrupción el monto sea tan alto.

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Quizá la joya informativa del informe presentado por David Colmenares es el monto que terminará pagándose por las indemnizaciones y liquidaciones de las obras del fallido aeropuerto de Texcoco.

Según la Auditoría, el Gobierno federal terminará desembolsando 331,936 millones de pesos, es decir, ¡232%! más de lo que originalmente había planeado.

Originalmente, el aeropuerto costaría 13,000 millones de dólares, pero fue cancelado por supuestos actos de corrupción.

Ahora resarcir los daños causados por la suspensión, más el costo de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, provocará una reflexión sobre si fue o no buena idea cancelar la obra que llevaba 36% de avance.

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Ayer rindió protesta como candidato de la alianza PRI-PAN-PRD al Gobierno de Sinaloa Mario Zamora Gastélum.

El senador con licencia debe ser el catalizador de los simpatizantes de las tres fuerzas políticas para enfrentar al candidato de Morena, Rubén Rocha Moya, quien enfermó dos veces de Covid.

Se quiera o no, la convalecencia de Rocha le ha costado presencia en el estado -ya dirán las encuestas cuántos puntos regaló-, pero no deja de ser el candidato del sistema.

Zamora puede dar la pelea, si se rodea de la gente adecuada.

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