El desarrollo de vacunas seguras y eficaces contra el Covid-19 generó esperanzas sobre el inicio de la recuperación en todo el mundo, pero también causó nuevas disyuntivas en torno a los métodos internacionales y nacionales para su adquisición y aplicación.
En este contexto, la capacidad de compra y negociación de los países desarrollados amenaza con un acaparamiento que vulneraría el derecho de las naciones en vías de desarrollo y de sus habitantes para acceder a los antígenos.


Por ello, y manteniendo congruencia entre la estrategia interna y su nueva responsabilidad como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, México ha solicitado recientemente ante ese organismo acelerar las entregas de vacunas y privilegiar su distribución a los países de menores ingresos, mediante el mecanismo COVAX.
El hecho de que tres cuartas partes de las primeras vacunas administradas en el mundo se concentren en 10 países responsables del 60
% del Producto Interno Bruto global es una señal de alarma que advierte sobre los riesgos de una mala administración de los recursos médicos para los derechos humanos en el mundo.


Sin embargo, estos riesgos relacionados con la capacidad económica no son los únicos latentes, también se encuentran aquellos vinculados con la politización de la adquisición y aplicación de las dosis, lo mismo a nivel internacional, como el intento de desprestigiar la vacuna Sputnik V antes de arrojar buenos resultados en la fase tres, que al interior de los países, como en el caso de México, en donde el plan de vacunación se desarrolla a la par del proceso electoral más grande de su historia.


Lamentablemente, la falta de madurez política o incluso de valores éticos ha generado que cierto sector del conservadurismo mexicano utilice las muertes, los contagios y los estragos económicos de la crisis sanitaria global como capital político con miras al próximo 6 de junio, y del mismo modo intentan generar la percepción de un uso electoral de la aplicación de las vacunas por parte del Gobierno federal.


Para la oposición, la estrategia de desprestigio es un ganar-ganar: si las vacunas se retrasan, es culpa del Gobierno; si la vacunación es un éxito, entonces tiene tintes electorales. Ante esta cuestión, la estrategia de la administración del presidente López Obrador continúa firme en sus postulados, que son transparencia, cero tolerancia a la corrupción y priorizar a quienes más lo necesitan.


Como resultado de la gestión oportuna, a sólo dos días de iniciar la inoculación de personas adultas mayores, se aplicaron 189,070 dosis en 253 municipios de 30 estados, con apoyo de la instalación de 657 puntos de vacunación en las zonas más alejadas de la República.
Además, según lo anunció la Cancillería mexicana, nuestro país se encuentra en proceso de aprobar ensayos de fase tres para el desarrollo de una nueva vacuna elaborada en Cuba, cuyo ministro de Relaciones Exteriores ha coincidido en el riesgo del fracaso moral que significaría el acaparamiento de las vacunas en detrimento de las personas más pobres del planeta, como advirtiera
el director general de la OMS.


En conclusión, México ha estado a la altura de los retos planteados por la vacunación, tanto en la gestión oportuna para la población nacional como en el cumplimiento de sus responsabilidades morales ante la comunidad internacional.
La política implementada por el Ejecutivo federal ha evitado que se repliquen a nivel país las asimetrías del plano mundial, y continúa haciendo votos por su democratización. ¿Tendrá ello repercusiones en los resultados de la próxima elección? Si así fuera, será por el poder refrendatorio de los comicios, y no por que se haya incurrido en las prácticas delictivas del viejo régimen.

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