nueve años de prisión
Foto: AFP / Archivo Según la iniciativa de la legisladora blanquiazul, estas penas se duplicarían cuando haya una situación de emergencia sanitaria como la que atraviesa actualmente el país  

El grupo parlamentario del Partido Verde propuso una iniciativa para sancionar con penas de uno a nueve años de prisión y multas de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) al servidor público que tramite, facilite o promueva el acceso indebido a vacunas destinadas a acciones extraordinarias de inmunización, como es el caso del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19.

La diputada Zulma Espinoza Mata, detalló que su propuesta adiciona un artículo a la Ley General de Salud para castigar al funcionario que gestione, tramite, facilite o promueva de manera irregular la inmunización para él, para alguno de sus familiares, amigos o conocidos.

Lamentó que ya se hayan presentado casos en el Estado de México y Coahuila, donde servidores públicos obtuvieron de forma indebida la vacuna contra el SARS-Cov-2, lo cual representa un abuso y es una falta de empatía hacia los grupos prioritarios como son el personal médico de primera línea de combate a la pandemia y los adultos mayores.

“Este tipo de acciones no deben permitirse y merecen ser castigadas, la vacuna en México es universal y gratuita. Su acceso tiene que realizarse de manera ordenada y conforme lo disponga la autoridad sanitaria”, sostuvo la legisladora.

Agregó que actualmente la Ley General de Salud no prevé una sanción para quienes accedan de manera indebida a las vacunas contra el coronavirus, por lo que consideró necesario actualizar la legislación para aplicar penas más severas a quienes se aprovechan de algún cargo público para recibir la inmunización.

La semana pasada la diputada Annia Gómez (PAN) anunció la presentación de una iniciativa en el mismo sentido pero para reformar el Código Penal Federal y establecer sanciones de uno a cuatro años de cárcel y la inhabilitación hasta por nueve años para los servidores públicos que se aprovechen de sus cargos para beneficio propio o de terceros para acceder a servicios, insumos o vacunas.

Según la iniciativa de la legisladora blanquiazul, estas penas se duplicarían cuando haya una situación de emergencia sanitaria como la que atraviesa actualmente el país.

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