Por: Juan Manuel Torres Esquivel
Cuando los directivos de Twitter decidieron suspender la cuenta de Donald Trump en Estados Unidos, jamás imaginaron el tsunami de reacciones críticas que tendría a nivel internacional, principalmente en materia de derechos humanos y libertad de expresión. Líderes como Angela Maerker cuestionaron la decisión de la red social, no necesariamente por compartir la visión del ex Presidente de los Estados Unidos, sino por las implicaciones que tendría para las democracias occidentales.
Aunado a ello, las plataformas tienen una discusión pendiente con el Congreso de los Estados Unidos sobre su responsabilidad en la moderación de los contenidos ¿En manos de quién tendría que estar la decisión de suspender a un líder mundial de la plataforma? ¿Hasta qué punto las empresas tienen la capacidad de moderar la diseminación de noticias falsas, la desinformación y los mensajes de odio en el mundo?
Respecto a la moderación de noticias falsas y el combate a la desinformación, la Unión Europea tiene un buen marco legal trabajado y cabildeado con las empresas. Esta legislación le exige a las redes sociales hacer una verificación y censura de este tipo de contenidos, así como el bloqueo de los nodos que generan las publicaciones. En Estados Unidos, la moneda sigue en el aire, pues hasta el momento no hay un consenso sobre las modificaciones a la Sección 230 de la legislación de Internet en los Estados Unidos, de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, que propusieron los senadores demócratas Mark Warner, Mazie Hirono y Amy Klobuchar. Una iniciativa que está centrando sus esfuerzos en regular las campañas de odio y polarización que están afectado los derechos humanos y la libertad de expresión en el mundo.
Su iniciativa tiene grandes cambios a la legislación actual, el primero de ellos ataca el gran riesgo a la libertad de expresión que supone la dispersión de noticias falsas a través de los anuncios pagados en las plataformas digitales. La legislación actual quita la responsabilidad de la moderación del discurso de terceros a las redes sociales, haciendo muy sencillo para Facebook deslindarse de la responsabilidad de los anuncios pautados para generar desinformación.
Sin embargo, con el cambio actual ahora al existir una relación contractual entre el anunciante y la red social se exige una responsabilidad sobre la información que publicita en su red social. Esto permitiría tener un mayor control sobre lo que se promociona en Facebook y limitaría las campañas de desinformación que ya parecen ser prácticas comunes en los procesos electorales.
Otro de los cambios que se propone son acciones más duras para la moderación del discurso del odio y la protección de los derechos humanos en las plataformas digitales. Se prevé establecer que las empresas sí tienen una obligación puntual de detener el acoso, el bullying y la discrminación y, de no hacerlo, deberán ofrecer mecanismos a los ciudadanos para que puedan pedir expresamente la injerencia de la justicia estadounidense. Pese a las bondades de estas modificaciones, parece no existir un entendimiento entre los Republicanos y los Demócratas para sacar la reforma, aún cuando son ellos los grandes afectados de esta laxitud en la normatividad actual con las que se regulan las redes sociales.
En México, la primera reforma que se ha planteado es la que recién presentó el senador Ricardo Monreal, sin embargo ésta parece caminar en una óptica muy diferente a la estadounidense. En primer lugar, porque la iniciativa se enfoca principalmente en el bloqueo de cuentas de los usuarios, se entiende la preocupación del senador Monreal luego de la presión que los grupos pro 4T hicieron en Twitter por la suspensión de tres de sus cuentas líderes en el posicionamiento de temas y ante el riesgo de que en México suceda lo mismo con la cuenta del Presidente en el contexto de las campañas electorales; sin embargo, esta iniciativa olvida el centro del debate sobre la regulación de las redes, los peligros a la libertad de expresión por la manipulación y los ataques así como la sistemática vulneración de los derechos humanos de las personas. La regulación en nuestro país tendría que estar enfocada principalmente a los grandes problemas que las plataformas digitales han traído a las democracias actuales. Las campañas de odio, la desinformación y las campañas pautadas para manipular son los verdaderos males de las redes sociales y la iniciativa del senador Monreal sencillamente las ignoró.
El senador Monreal ha dado una buena señal al decir que escuchará todas las voces que quieran opinar sobre su iniciativa y durante tres semanas analizará cuáles puntos se incluirán en su propuesta. Habrá que esperar y ver si este es un verdadero ejercicio de diálogo con la sociedad civil o si, por el otro, simplemente está buscando legitimar su propuesta con un falso argumento de “escuchar a los ciudadanos”. Ojalá los políticos mexicanos asuman el reto de regular a fondo del problema, la vulneración a la libertad de expresión y los derechos humanos, pues no podemos seguir perpetuando y normalizando el discurso de odio que todo el tiempo existe en las redes, principalmente en Twitter. La autorregulación es un camino pero, sin la presencia del Estado, ésta puede terminar siendo letra muerta.
TFA