Aquí hemos insistido en que la participación del Ejército en labores no castrenses tiene que enmarcarse en los conceptos legales que articulan –no solo vinculan– el bienestar social y la estabilidad económica con la seguridad territorial.

Se trata del modelo de Estado de seguridad interior como eje del Estado de bienestar social. Sin seguridad en zonas territoriales del Estado no habrá inversión, ni desarrollo, ni bienestar. Y la única garantía de seguridad en zonas territoriales del Estado son las fuerzas armadas, toda vez que las fuerzas policiacas han sido rebasadas.

En las doctrinas de defensa nacional viene la definición de seguridad interior: “Condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.

Las Fuerzas Armadas son garantía de lealtad, eficacia, honradez y, sobre todo, confianza civil de que nunca buscarán el poder político. La prisa sexenal del presidente López Obrador ha encontrado en las Fuerzas Armadas el aliado, toda vez que el neoliberalismo salinista 1980-2018 desmanteló la estructura e infraestructura del Estado para labores productivas en aras de una privatización que se convirtió en foco de infección de la corrupción.

El gran debate, por lo tanto, se debe centrar en las doctrinas de seguridad interior que vienen en el constitucionalismo mexicano desde la Constitución de Cádiz de 1812. Las Fuerzas Armadas mexicanas son parte estructural del Estado y de la sociedad y participan de todos los controles legales existentes. En lugar de cuestionar su involucramiento legal, se debería exigir que las instituciones civiles regresen a la eficacia y honestidad que perdieron.

 

Zona Zero

  • Los decomisos de droga y las declaraciones del secretario de Seguridad capitalino, Omar García Harfuch, podrían estar prendiendo los focos de alarma: la existencia de un brazo operador del Cártel de Sinaloa de El Chapo en Ciudad de México. Y si se agrega la célula del Cártel Jalisco Nueva Generación que atentó contra el propio funcionario en junio, entonces estamos ante evidencias de que los cárteles están de lleno en la capital de la república. Y los dos se encuentran en franca confrontación con el Gobierno federal y el capitalino.

 

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

 

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