La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó disposiciones de la Secretaría de Energía que restringen la operación de energías limpias en el país.
El fallo del máximo tribunal anuló diversos elementos de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional.
De acuerdo con la resolución de la Corte, el acuerdo impulsado por la Secretaría de Energía da una ventaja indebida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), viola el derecho a la libre competencia e invade facultades de la Comisión Federal de Competencia (Cofece).
En total, la Segunda Sala de la Corte invalidó 22 puntos de la política energética a raíz de una controversia constitucional que presentó la Cofece.
Según el proyecto del ministro Luis María Aguilar, los preceptos de la política energética “distorsionan el proceso de libre competencia y libre concurrencia necesarios en los eslabones de generación y suministro de energía”.
La ventaja indebida a la CFE radica en que con el acuerdo podría impulsar proyectos estratégicos para el Sistema Eléctrico Nacional, sin que los otros competidores obtuvieran ese beneficio.
En su controversia, la Cofece consideró que el acuerdo energético afectaría “de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia, así como en los términos dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente en el país”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en caso de que fuera rechazada la política de confiabilidad de la Sener, el Gobierno federal impulsaría una reforma legal para que la Comisión Federal de Electricidad tenga la preponderancia en la generación de energía del país.
“Si no hay otra instancia para defender el interés público, si es necesario, propondría, en su momento una reforma constitucional para que prevalezca el dominio de la nación sobre los recursos naturales y para que el interés general esté por encima de intereses personales o de grupos por legítimos que sean”, dijo el mandatario en octubre pasado y el lunes pasado envió una iniciativa para modificar 12 artículos de la Ley de la Industria Eléctrica.
Avanza reforma en Cámara Baja
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó ayer a comisiones la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica enviada por el Ejecutivo federal.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riacho, remitió a la Comisión de Energía para que elabore el dictamen, y a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y a la de Economía, Comercio y Competitividad, para que emitan una opinión sobre la misma.
La propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Sesión de Congreso General, fue con carácter de preferente, lo que significa que tendrá que ser analizada y votada en un periodo máximo de 30 días naturales.
Una vez aprobada en la Cámara de Diputados, tendrá que ser enviada a los senadores para que en plazo igual, analice y vote la iniciativa.
La propuesta recibió de inmediato críticas de diversos sectores de la sociedad y legisladores de oposición, quienes advirtieron de la violación de tratados internacionales que tiene signados el país con la Unión Europea, Japón, el T-MEC y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica.
La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, informó que el martes solicitaron a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que se realice un Parlamento Abierto para discutir esa propuesta.
Sánchez Cordero defiende a CFE
Diana Benítez
Al ser un asunto de seguridad nacional, el Estado tiene que tener la rectoría de la industria eléctrica, resaltó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en defensa de la iniciativa presente para una reforma eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la conferencia matutina de ayer, la ministra en retiro indicó que la electricidad es un asunto de seguridad nacional por tres principios constitucionales.
“La continuidad en el servicio, la confiabilidad en el servicio y la estabilidad en el servicio, y sólo la Comisión Federal de Electricidad puede garantizar al Estado estos tres principios. Imagínate un sistema eléctrico no confiable, no continuar en los hospitales. No podemos tener energías intermitentes, ahí está la participación de los particulares, pero la rectoría tiene que ser del Estado”.
Resaltó que desde el inicio de la presente administración, el presidente López Obrador determinó retomar esta rectoría que había quedado en el olvido en gobiernos pasados, y la iniciativa de reforma no implica que no se permitirá la participación de particulares.
Resaltó que el Presidente hizo uso de una de sus facultades al enviar la iniciativa preferente, y de aprobarse, las partes que se sientan ofendidas tendrán derecho a impugnar la reforma.
Con esta iniciativa enviada a la Cámara de Diputados, se daría prioridad a la energía producida por las plantas hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, así como de centrales que producen otro tipo de energía, luego las centrales de ciclo combinado y después a la energía producida por la iniciativa privada.
FRASE
“Claro, bienvenida la participación -y ahí está en la ley- de la iniciativa privada, pero la rectoría en estos sectores estratégicos tiene que ser del Estado… No significa que no puedan participar los particulares, con reglas”.
Olga Sánchez Cordero
secretaria de Gobernación
El PVEM rechazó la reforma del Ejecutivo
Karina Aguilar
El Partido Verde Ecologista de México, aliado del Ejecutivo federal y de Morena en el Congreso, rechazó la iniciativa propuesta por el gobierno de México, para reformar la Ley de la Industria Eléctrica.
El partido consideró que de lograrse su aprobación, habrá una afectación al crecimiento y participación de nuevas fuentes de generación de energía limpia y renovable, contra el principio de progresividad ambiental, al facilitar la generación de energía a través de fuentes contaminantes.
Además, añadió, el costo de la generación de energía, será más caro y se trasladará a la tarifa que paga la gente, o a los contribuyentes si se establecen subsidios de gobierno a las tarifas de la energía.
LEG