Presionan a minas por tema electoral

Carlos Pavón

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Hace un año que a Cosalá llegó el hambre, la desesperación, la falta de empleo y el abuso de poder de la mano de un impostor. Desde hace 12 meses, a los ojos de todos y pareciera que con el visto bueno de las autoridades, Napoleón Gómez Urrutia cerró la mina San Rafael en ese pueblo de Sinaloa. 

Un año que ni el hambre ni el reclamo de 300 familias mineras ha logrado que la Secretaría del Trabajo los voltee a ver. Han hecho marchas, han denunciado, han hablado con el Presidente, pero ha sido en vano. Da la impresión de que Gómez Urrutia está por encima del mandatario o bien que a las autoridades les vale lo que suceda a los trabajadores.

La mina de Cosalá daba empleo de manera directa a 300 personas, indirectamente a mil 200 y tenía planes de inversión por 50 millones de dólares; fue ahí donde, aseguran, Napillo vió el potencial de secuestrar la mina, pues si el empresario tiene capital para invertir, entonces hay recursos para pagar un “rescate”.

Sin contar con el Contrato Colectivo de Trabajo, el senador de Morena mandó a su personal a tomar la mina bajo la mentira de abusos por parte de la patronal. Desde ese momento las autoridades tienen conocimiento de lo ocurrido y saben que está ilegalmente custodiada por miembros del crimen organizado. 

A un año de omisiones, injusticias y me atrevería a decir de complicidades, la Secretaría del Trabajo y Secretaría de Economía quieren realizar inspecciones a la mina y culpar a la empresa por el estado en que se encuentra, sabiendo que es Napillo el único culpable de cualquier deterioro. 

Con la mina en manos de Napillo se han registrado un sin número de saqueos y robos en las instalaciones: En los primeros meses se reportó el hurto de un concentrado con valor de medio millón de dólares, si hay un culpable del deterioro de la mina es él. Además, junto con las autoridades se quiere pasar por el “Arco del Triunfo” a la ley, al ser ellos quienes decidan sobre el amparo que existe por el Contrato Colectivo de Trabajo. A ojos cerrados quieren beneficiar a Napillo.

Como Gómez Urrutia nunca ha sido minero y no tiene ni idea del tema, está mal informando a las autoridades. Es importante que sepan que una mina que no está en operación se deteriora a la primera semana y reporta pérdidas desde el primer día. ¿Primero los trabajadores, primero los pobres? Pues no parece, se han hecho cálculos y para que la empresa reactive Cosalá deberá pagar varios millones de dólares, un costo alto que echa por debajo cualquier posibilidad de expansión y de nuevas contrataciones. 

Pero el dominio de Napillo sobre autoridades se ha extendido, Americas Gold and Silver no ha sido la única empresa afectada. Hoy se suman a esta lista varias minas ubicadas en los estados donde habrá elecciones; ellas denuncian que tienen revisiones en puerta por parte de las autoridades por supuesto mal uso de recursos naturales; aseguran son medidas de presión en donde ya incluso se habla de poner en riesgo la concesión.

Lo que intentan, comentan, es negociar con las empresas la titularidad del Contrato Colectivo en favor de Napillo, para sumar simpatizantes y votos a Morena. De entrada todo suena mal, no se debe jugar con el empleo de los mexicanos y menos ocuparlo de moneda de cambio con fines electorales. 

Hay que recordarles que Napillo no suma más que denuncias y demandas, los trabajadores no se olvidan que les arrebató 55 millones de dólares a sus mineros, saben que de las cuotas sindicales vive como rico, saben que no es minero y mucho menos trabajador.

 

                                                                                                                                     @CarlosPavonC