Desde el inicio de la actual Legislatura, uno de los puntos torales y posiblemente más polémicos ha sido la reforma al sistema financiero mexicano. Parte de reducir la brecha de la desigualdad económica existente en el país depende en gran medida de ampliar el acceso a los sistemas financieros que hasta muy recientemente habían sido negados a la base de la pirámide. Esto se debe en mayormente a la concentración de los servicios en unos pocos bancos, un proceso que a nivel mundial es bastante común y que en México se traduce en que siete instituciones financieras reúnen la mayor parte del mercado.
Esta concentración bancaria ha facilitado que las comisiones cobradas por algunos productos sean altas, que existan mínimos considerables para abrir una cuenta o que las personas que quieran disponer de efectivo a través de un cajero automático caigan muchas veces en errores que los lleven a adquirir productos caros —como préstamos o seguros— que son muy difíciles de cancelar. Pero también ha permitido que en repetidas ocasiones los bancos actúen de manera inadecuada, generando convenios entre ellos mismos, para evitar la competencia, es decir, incurren en prácticas propias de un cártel empresarial.
Un caso de esta naturaleza que se suscitó en nuestro territorio fue investigado tanto por un tribunal de Estados Unidos como por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en México, con resultados similares, pero también con enormes diferencias. La similitud es que ambas instituciones encontraron responsables e impusieron sanciones a las personas involucradas en los acuerdos ilegales para no comprar o para comprar a cierto precio bonos de deuda mexicanos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en las que el Banco de México interviene como agente financiero del Gobierno federal.
No obstante, las diferencias son lo más llamativo. En el caso investigado por el tribunal de Manhattan, se llegó a un acuerdo que estableció la obligación de las empresas financieras JP Morgan y Barclays de pagar 15 millones de dólares y 5.7 millones de dólares, respectivamente. La Cofece, por su parte, impuso multas por poco más de 35 millones de pesos a siete entidades financieras, entre ellas, las dos antes mencionadas, y a 11 personas físicas; es decir, la autoridad autónoma mexicana impuso a 19 personas físicas y morales menos del 8.5% de la multa impuesta por las autoridades estadounidenses a únicamente dos de ellas.
Tomando en cuenta que el daño al Estado mexicano es difícil de calcular, que el mercado de bonos nacionales ronda los 175 mil millones de pesos, y que las negociaciones ilícitas protagonizadas por las citadas empresas versaban sobre aquellos que vencen en 2021, con un valor de 20 mil millones de pesos, la multa impuesta por la Cofece resulta poco satisfactoria, por lo que en ambas cámaras legislativas han surgido expresiones diversas para llamar a comparecer a las autoridades mexicanas que podrían estar involucradas, y para modificar el marco legal de las transacciones mencionadas.
Pero a pesar de que la sanción puede ser catalogada como irrisoria, se ha dado a conocer la intención de algunos bancos de impugnar la decisión de la Cofece. De esta manera, estamos ante un escenario que claramente marca la necesidad de reformar nuestro sistema financiero. Por un lado, los bancos tienen el poder de realizar prácticas que afectan de manera directa la economía nacional y, por otro, las sanciones impuestas —cuando estas prácticas se comprueban— son limitadas y difícilmente aceptadas. Es momento de dar paso no solamente a la apertura, sino a la justicia dentro del sector financiero.
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