La diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Azucena Rodríguez Zamora propuso una reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para erradicar la corrupción dentro de las licitaciones públicas y contrataciones del Gobierno federal.

En su propuesta busca establecer “de manera clara y terminante”, los límites de la cantidad de contratos y de los montos presupuestales que podrán ser asignados por las vías excepcionales de invitación restringida y adjudicación directa.

Rodríguez Zamora explicó que la Constitución establece como regla general que las contrataciones que realice el sector público se otorgarán a través de licitaciones públicas que aseguren al Estado las mejores condiciones, dejando otros procedimientos como excepciones reguladas por la ley.

Recordó que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, refiere la prohibición de las adjudicaciones directas en la asignación de todo tipo de contratos del sector público y quedó enlistada como una de las primeras medidas para combatir y erradicar la corrupción, vinculándola con conductas reprochables tales como el desvío de recursos públicos, beneficio a terceros a cambio de gratificaciones, tráfico de influencias, el amiguismo, el compadrazgo y el aprovechamiento del cargo o función pública para lograr beneficios personales o de grupo.

Sin embargo, expresó que la actual administración ha privilegiado en forma inconstitucional e ilegal la contratación por la vía de las adjudicaciones directas y, en menor medida, mediante la invitación restringida, convirtiendo las excepciones en la regla.

Citó un estudio de la Asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la cual encontró, con datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondientes a los primeros diez meses de 2020, que de los 120 mil 102 contratos, 95 mil 887 han sido entregados por vía de la adjudicación directa, es decir, 79.8%.

“Otros seis mil 729 contratos, 5.6% del total, se otorgaron por invitación restringida y sólo 11.5%, o sea 13 mil 821, se adjudicaron por licitación pública.

“El Gobierno federal ha incurrido en una grave violación a la Constitución y a las leyes, lo que conlleva también el incumplimiento descarado de su propio PND”, denunció la perredista.

 

DAMG