A un año y parece que no han aprendido nada. Fue el 28 de febrero de 2020 cuando se dio el primer caso de Covid-19 en México; tras él, un sinfín de infectados. Las autoridades de Salud hablaban de una curva de contagios que nunca agarró lo redondo, más bien fue un pico que no hemos visto descender.

La industria minera se preparó, triplicó el personal médico y no escatimó en adquirir equipo de protección, cubrebocas, termómetros, cursos de capacitación y pruebas rápidas, entre otros, que por cierto, estas últimas fueron desestimadas y detenidas varios meses por las autoridades aduaneras.

Trabajadores y empresas cerramos filas para combatir el Covid-19, dimos fortaleza a la economía, conservamos empleos y evitamos brotes. Se hicieron grandes esfuerzos que han permitido tener pocos contagios entre nuestros miles de agremiados.

Sin embargo, el panorama en nuestro país, de la mano de esta administración, es muy distinto. La pandemia dejó al descubierto la poca eficacia de los servicios públicos de Salud. No es casualidad que de acuerdo con datos oficiales, tengamos más de 140 mil defunciones, no obstante, hay quien asegura que el subregistro y el mal tratamiento postcovid nos llevaría a más de 300 mil caídos.

Esta última cifra se fortalece cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una tasa de letalidad en atención a Covid-19 de casi 50%, es decir, los ingresados se avientan un volado entre la vida y la muerte, mientras que en los hospitales privados la tasa es sólo del 2%.

Tampoco olvidemos que la 4T decidió dejar de dar consultas médicas de especialidad y aplazar la mayor parte de las cirugías, hecho que como diputado y líder sindical señalé y rechacé. Esa también será una bomba de tiempo que lamentablemente impactará en los trabajadores.

A pesar de estas deficiencias, la administración federal no ha dejado de cobrar impuestos y tampoco implementó algún programa de incentivos para empresas, todo ha sido sacar y sacar. La recaudación fiscal continúa recibiendo miles de millones de pesos, mismos que no se reflejan en el sistema de Salud.

A esta situación hay que sumarle la escasez de medicamentos y el maltrato físico y mental sufrido por los trabajadores que atienden la pandemia, de la indiferencia e indolencia mostrada por los funcionarios de Salud de alto nivel, mejor ni hablamos. En pocas palabras, por donde la veamos, perdemos.

Hoy se nos habla de un triunfo que implica una inyección masiva, con una vacuna que llega a cuentagotas y un tema politizado.

Primero será vacunado el personal de Salud de hospitales públicos, de los privados no se sabe nada, después, la vacunación contempla a los llamados “Servidores de la Nación”, aunque nadie sepa quiénes son o qué hacen.

Los adultos mayores serán el tercer grupo en recibir la vacuna, sin embargo, ya se habla de que el Gobierno priorizará a los que reciben la tarjeta de ayuda económica impulsada por la 4T, los demás abuelitos pasarán a una segunda línea de importancia.

En este sentido, ya que el IMSS e ISSSTE cobran cuotas a patrones y empleados, deberían ser éstas las instituciones que no sólo pongan, sino que también paguen la vacuna, sólo así veríamos que el dinero que se les da se utiliza en la clase trabajadora.

Si éstas asumieran el papel, se vacunaría de manera más rápida a la población y se intentaría que la economía no siga en picada.

México debe estar unido y exigir que se aplique de manera correcta los recursos al sector Salud, vigilar que sean bien empleados y no permitir más abusos o indiferencias; esta época tan dolorosa no debe quedar en el olvido.

 

                                                                                                          @CarlosPavonC