Militarización o eficacia, el debate que se ha eludido

Carlos Ramírez

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Varios textos en la revista Nexos, el recuento presupuestal, una decisión de un juez y nuevas tareas asignadas a militares han reactivado el tema de la militarización en México. Pero lo falso del debate se localiza en el hecho de que el régimen mexicano es político, civil y partidista, y no militar.

El asunto parte de un punto no aclarado: la categoría militarización es genérica. Pero hay varios tipos de militarización: el enfoque militar en las relaciones sociales y políticas, el dominio militar de las instancias y decisiones de poder, y la utilización de los militares en tareas en las que han fracasado los civiles.

Los militares no son una casta. El Ejército forma parte del Gabinete, el secretario de la Defensa Nacional cumple restricciones legales e institucionales como otros funcionarios; los militares se ajustan a las leyes civiles por el fin del fuero militar. En este sentido, los militares son pueblo, sociedad, Gobierno y valores cívicos.

El Presidente de la República, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los poderes estatales y municipales son, todos, civiles al 100%. No existe en México ninguna junta militar de Gobierno. El Presidente es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y ostenta, por el cargo, una quinta estrella.

En la administración actual, los militares reciben un alto presupuesto, pero no como fuerza armada sino por las tareas adicionales. Todas las actividades no castrenses se regulan, vigilan y sancionan por la Auditoría Superior de la Federación. Y los militares apoyan la seguridad pública por razones de crisis de la seguridad interior, se ajustan a disposiciones constitucionales y son regulados por autoridades judiciales civiles.

Por lo tanto, en México no existe militarización, sino que los militares son Gobierno, sociedad y pueblo, y cumplen con funciones legales.

Zona Zero

De importancia extraordinaria la atención gubernamental al tema de las prisiones, privatizadas en el Gobierno de Felipe Calderón. Ahí no sólo se perfeccionan los delincuentes, sino que los cárteles tienen el control. Se deben revisar los contratos de privatización, pero también hace falta un nuevo modelo de funcionamiento de las cárceles como instancias de rehabilitación social de infractores y no de posgrados de delincuentes.

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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