CDMX
Foto: Especial De acuerdo con la investigación, los ahora imputados posiblemente habrían actuado conjuntamente, en actos en perjuicio de la Hacienda Pública  

En seguimiento a la investigación integrada en contra de Miguel Ángel “N”, exsubsecretario de Administración y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de México durante la pasada administración, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que un juez de control lo vinculó a proceso, junto con Hedilberto “N”, quien fungía como director general de administración, por su probable participación en delitos cometidos en agravio de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.

Durante la audiencia de continuación, los datos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos fueron determinantes para que el juzgador ratificará la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que continuará interno los próximos cuatro meses en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la investigación, los ahora imputados posiblemente habrían actuado conjuntamente, en actos en perjuicio de la Hacienda Pública, al realizar trámites en 2017 para adjudicar, tan solo en este caso, un contrato de prestación de servicios para la recuperación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), retenido a los trabajadores de 2015 a 2017, sin que la empresa justificara las labores encomendadas, y en contravención a la normatividad aplicable.

A través de trabajos ministeriales sólidos, se detectó que tan solo en este contrato, se canalizaron 290 millones de pesos.

Es de resaltar que, según la denuncia presentada el pasado 14 de diciembre ante el Ministerio Público, adscrito a la Coordinación General de Investigación Estratégica, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México no se encontraba en la necesidad de realizar la contratación de despachos contables, ya que, para ello, la propia dependencia contaba con la infraestructura tecnológica y de recursos humanos para la recuperación de las participaciones del ISR.

En este sentido es necesario referir que dicho impuesto se recupera de manera automática con la presentación de las declaraciones del impuesto sobre la renta y el timbrado de nómina.

Además, en la querella se señala que los despachos contratados no realizaron trabajo alguno, ya que el mismo fue realizado por personal de la propia Secretaría de Finanzas capitalina y entregado a dichos consultores, quienes solamente agregaron sus logotipos para los entregables correspondientes, con la finalidad de justificar su supuesta labor.

De acuerdo con la denuncia señalada, parte de los recursos posiblemente desviados se destinaron para el pago de nóminas en la estructura de una nueva agrupación política que buscaba su registro.

Las investigaciones realizadas por esta Fiscalía refieren que, Miguel Ángel “N”, junto con otras personas, posiblemente formalizó tres contratos, en los años 2017 y 2018, con diferentes empresas, que ascendieron a un monto cercano a los 986 millones de pesos.

Cabe recordar que Miguel Ángel “N”, fue vinculado a proceso el pasado mes de marzo, luego de que el agente del Ministerio Público le formulara imputación ante un juez de control, por su probable participación en delitos cometidos por servidores públicos del Código Fiscal Ciudad de México, razón por la que le fue impuesta la prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Trabajos de gabinete y campo llevados a cabo por elementos de la Policía de Investigación permitieron a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos solicitar y obtener de un juez, una orden de cateo en un domicilio ubicado en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en apego a sus funciones y atribuciones como área esencial, continúa todos los días sus tareas de investigación para combatir la impunidad y no permitirá de ninguna manera que conductas al margen de la ley, cometidas por servidoras o servidores públicos, queden sin castigo.

 

EFVE