Foto: Cuartoscuro / Archivo En el marco de su Segundo Informe de Actividades Legislativas, Juárez Piña externó su preocupación por la inusitada militarización de la vida pública  

La decisión del Presidente de la República de asignar a las Fuerzas Armadas la administración y ganancias de tres tramos de la ruta del Tren Maya y de los aeropuertos de Tulum, Chetumal Palenque y Felipe Ángeles, profundizará la militarización del país, advirtió la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña.

“Tanto las labores de seguridad pública como las de construcción y otras que les han sido asignadas, desvían a las instituciones castrenses de su objetivo primordial que es la seguridad de la nación”, alertó.

Agregó que se expone a las Fuerzas Armadas a un desgaste innecesario de frente a la multitud de tareas que ahora se encuentran desarrollando.

Además, advirtió, “el Presidente se desentiende de las obligaciones que tiene con las y los retirados del servicio activo al determinar que con estos recursos se pagarán las pensiones y jubilaciones.”

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“Esto implica que el retiro digno de quienes han dado su vida por la patria dependerá del éxito de un proyecto cuestionable y personalísimo del Ejecutivo Federal. Lo que constituye, sin duda, una violación a los derechos laborales y contractuales de quienes integran las Fuerzas Armadas”, añadió.

En el marco de su Segundo Informe de Actividades Legislativas, Juárez Piña externó su preocupación por la inusitada militarización de la vida pública.

“El Presidente ha confiado a las fuerzas castrenses más de 13 funciones adicionales a las que ya venían desempeñando en materia de seguridad pública, entre las que se encuentran la distribución de los recursos de los programas sociales, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la vigilancia de las aduanas, el control de los puertos, entre otras y, ahora, la distribución de las vacunas y la administración de parte del Tren Maya y los aeropuertos de tres de los destinos turísticos más importantes del país”, precisó.

“Esta determinación únicamente contribuye a debilitar a las instituciones civiles, debido a los recortes presupuestales y no genera certidumbre respecto a la operación de los recursos”, concluyó la diputada federal por Jalisco.

 

EAM