Por mucho tiempo, durante las más de tres décadas de Gobierno neoliberal, el trabajo se precarizó de manera constante. Con la visión de dejar hacer y dejar pasar, se enraizó en el mercado laboral una enorme injusticia contra las y los trabajadores, específicamente atentando contra su salario, manteniéndolo artificialmente por debajo de otros países de la región, para atraer la inversión extranjera.
Ese fue uno de los reclamos que se tuvieron que atender en la renegociación del T-MEC, pues la competitividad de nuestro país y el éxito de algunas empresas se soportaban en parte en la explotación del personal, y no en una competencia justa entre factores de producción.
Esta política rapaz, nociva para la clase trabajadora, atentó contra la legítima aspiración de las personas de salir de situaciones de pobreza mediante el fruto de su esfuerzo, lo que sin duda golpeó la dignidad de millones de mexicanas y mexicanos, que no vieron reflejada en sus medios de subsistencia la entrega de su tiempo y su fuerza laboral. Pese a que México es más productivo que naciones como Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice, su salario mínimo se encuentra comparativamente por debajo.
Llegó a ser un tabú hablar sobre el aumento al salario mínimo. Fue un dogma de la tecnocracia el pretexto de que incrementarlo tendría efectos inflacionarios que dañarían el poder adquisitivo, en lugar de favorecerlo. El discurso prácticamente hacía creer que los salarios de miseria eran necesarios para mantener la estabilidad económica del país. Incluso, por mucho tiempo se puso como pretexto que la fórmula para determinar multas se basaba en los salarios mínimos y que por ello no se podía llevar a cabo un ajuste, que habría permitido mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas.
A pesar de que el salario mínimo experimentó aumentos sin precedente —del 16 y del 20%— en los primeros dos años del nuevo Gobierno, los riesgos del futuro no podían sino llamarnos a tomar medidas profilácticas. En este sentido, el Senado de la República aprobó por unanimidad reformar la Ley Federal del Trabajo, para establecer que las modificaciones y actualizaciones del salario mínimo nunca deberán estar por debajo del aumento de la inflación, lo que evitará más detrimento al poder de compra de la clase trabajadora.
De la misma forma, se modificaron distintos ordenamientos, para fijar límites a las comisiones que cobran las Afore, o Administradoras de Fondos para el Retiro; aumentar las pensiones por retiro, cesantía y vejez, y reducir los requisitos de cotización de 1200, a 1000 mil semanas, lo que representa 3.8 años menos; asimismo, se reconoció el derecho de las y los trabajadores a disponer en todo momento de los recursos depositados en su subcuenta de aportaciones voluntarias, y no cada seis meses, como venía ocurriendo.
En materia de créditos del Infonavit, se aprobaron reformas para permitir a las personas beneficiarias adquirir terrenos y construir su propia casa, así como comprar un inmueble para repararlo, ampliarlo o habitarlo.
Con estas reformas concluimos las sesiones ordinarias, pero el próximo 15 de enero habrá sesión extraordinaria para seguir atendiendo pendientes legislativos.
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