Con un voto dividido de Morena y en contra del Partido del Trabajo (PT), el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley General de Vías de Comunicación con lo cual sancionará con hasta siete años de prisión y multas de 500 Unidades de Medida y Actualización a quienes tomen casetas de peaje para obtener un lucro.
El dictamen fue criticado principalmente por los diputados morenistas identificados como parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que acusaron la criminalización de las protestas sociales.
Con la presión que ejercieron lograron que se aceptara una reserva al dictamen, con lo cual se modificaron el texto original de la reforma y redujeron de nueve a siete años la pena máxima y la multa mínima y máxima disminuyó a la mitad al quedar en 100 y 500 Unidades de Medida y Actualización, respectivamente.
Al fundamentar la propuesta, el diputado Víctor Pérez (PAN) dijo que los bloqueos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial, durante 2019 y lo que va en el presente año, originaron pérdidas cercanas a los siete mil millones de pesos.
En el 2020, abundó, los bloqueos a las vías férreas se han incrementado 119% respecto al año 2019 y en promedio su duración es de 12 días, “al paralizar puntos estratégicos se entorpece el traslado de mercancías y la actividad económica tan importante para el país en estos momentos”.
El vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández, expresó que la iniciativa no resuelve la problemática con los tomacasetas.
Pidió que el dictamen se regresara a comisiones, pues, dijo, obviamente no estaban de acuerdo en que grupos del narcotráfico usen a gente para tomar casetas y estén saqueando al erario, “pero tampoco estamos de acuerdo en estar defendiendo a los privados que les pidieron concesiones de todo el territorio nacional en carreteras, que sus carreteras están en pésimo estado, que cobran igual aunque estén reparando todo el tiempo y que no les han pagado a los legítimos propietarios de los terrenos donde se construyeron las carreteras”.
Acusó que el dictamen es una trampa porque sancionarán cualquier manifestación en las vías de comunicación y no sólo las que se realicen en los puntos de cobro de peaje, “están criminalizando toda exigencia social de gente que le hicieron carreteras sobre sus tierras y no le han pagado y se manifiestan en esos lugares y ahora los quieren meter a la cárcel”.
Por su parte, la diputada Azucena Rodríguez (PRD), puntualizó que están a favor de la modificación porque con la aprobación el legislativo elevará la exigencia al Gobierno federal para que cumpla con sus obligaciones de garantizar el libre tránsito de las personas en condiciones de seguridad sin contratiempos y con las prestaciones que ampara el recibo de pago expedido en las casetas de cobros oficiales.
El dictamen fue enviado al Senado de la República para su revisión.
MGL