Acceso diferencial al derecho de salud: desigualdades presupuestales

Dr Luis Miguel Martínez Anzures

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                                                                                                          Luis Miguel Martínez Anzures

La crisis sanitaria por Covid-19 ha evidenciado claramente las desigualdades históricas en el acceso al derecho a la salud de las personas en México y en muchas otras partes del mundo. Esta nueva etapa en la evolución de la humanidad ha develado la enorme asincronía que se ocultaba detrás de los nuevos modelos de desarrollo asistencial en el servicio médico del mundo en el siglo XXI.

La importancia de comprender las desconexiones que pueden existir en los modelos de salud en el caso mexicano es muy importante ya que, si un país no es capaz de establecer mecanismos de comunicación institucional en todos los niveles de organización interna de un sistema, las cosas evidentemente no funcionarán. Lo anterior pudiera entenderse como la razón principal del colapso que existe con relación a la atención médica deficitaria que priva actualmente en el país y cuyos efectos se han agudizado por la emergencia sanitaria que actualmente enfrenta la humanidad. En este contexto México enfrenta la pandemia con niveles de letalidad muy altos en su población producidos por el Covid-19, en comparación con otros países del mundo.

Para entender el origen de dichas desigualdades en los diversos subsistemas de salud en el país y cómo se expresan en capacidades de atención, a continuación, se analizarán las diferencias en términos económicos, actualizadas con base en el presupuesto de Egresos para 2021 aprobado recientemente por el poder legislativo, así como sus principales consecuencias en términos de la disponibilidad de infraestructura y personal de atención médica.

En primer lugar, en el aspecto que versa sobre el presupuesto por persona de cada uno de los niveles del sistema de salud, es necesario mencionar que la transformación del Seguro Popular en Instituto de Salud para el Bienestar, que ahora incluye a un número mayor de población objetivo para ser atendida (es decir, a toda la población sin seguridad social) no fue acompañada del incremento sustancial en el presupuesto para 2021, por lo que el gasto público per cápita sigue estando por debajo de las instituciones de seguridad social. En ese sentido, es casi 9 veces lo que el Gobierno gasta por persona que se atiende en los hospitales de Pemex respecto del Insabi, y también es 80% mayor lo que gasta en el ISSSTE e IMSS. Esta desproporción es un dato preocupante y nada alentador si lo que se quiere es incrementar la oferta asistencial en materia de salud ayudando a los sectores de la población más desprotegidos y que no cuentan con acceso a este servicio.

De igual forma, al revisar el dato para hospitales, resulta que si bien la tasa promedio es de 1.1 por cada 100 mil habitantes, algunos sistemas de seguridad social se encuentran por debajo del promedio, siendo el caso más extremo el IMSS, que sólo alcanza 0.4. En el extremo contrario se encuentra el conjunto PEMEX, Sedena y Semar; en el caso del último, el indicador de medición llega a 19. Las camas disponibles presentan la misma problemática. Este es uno de los grandes déficits que enfrenta el Estado mexicano en relación no solamente a su cobertura de infraestructura hospitalaria, sino también en la calidad del servicio de salud.

Mientras que si analizamos con detenimiento la disponibilidad de médicos y enfermeras según el tipo de subsistema es también desigual: en tanto que PEMEX, Sedena y Semar (más de 40.5) se mantienen muy por encima del promedio, el resto están cerca del promedio, con excepción del caso muy rezagado de IMSS-PROSPERA (0.65).

Al analizar la disponibilidad de estos recursos físicos del sistema de salud, es fundamental hacer la desagregación geográfica. Así pues, por estados las diferencias son también amplias y en muchas ocasiones muy marcadas. Ya que mientras en el norte del país el índice promedio oscila en el 3.79 (valor superior) en el centro y sur del país (especialmente en los estados sureños) la tasa puede llegar a encontrarse en -1.104. Estas diferencias describen una larga brecha de desigualdades económicas y operativas que es apremiante atender.

En este ejercicio de medición se muestra también, cómo la CDMX, Campeche, Baja California Sur y Colima son los estados con mayor disponibilidad de infraestructura de salud (3.79), con una diferencia amplia respecto del resto de estados que le siguen, entre ellos Sonora, Yucatán, Coahuila y Durango (-1.04). Entre los estados con peor puntuación, se encuentran Veracruz, Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Baja California, Querétaro y Estado de México (-3.04), siendo este último, el que registra la peor puntuación de todo.

Como se puede visualizar, la distribución de los ingresos no ha sido correctamente empleada. En la actualidad se cuenta con un sistema de salud cuyas deficiencias estructurales han sido evidenciadas con mayor nitidez, a partir de la pandemia que actualmente enfrenta México y el mundo entero. Al respecto es conveniente mencionar que los altos niveles en la letalidad que se han registrado en pacientes infectados por el virus del Covid-19 en territorio nacional pudieran haberse evitado si la cobertura hospitalaria y la inversión en prevención de enfermedades crónico-degenerativas hubiera sido constante y eficiente desde hace muchos años.

                                                                                                                  @Drlmma56